Situación fue analizada en la Comisión de Medio Ambiente del Senado, instancia donde La Armada informó la medida, dado que la obra no contaba con ninguna autorización vigente.
Según consta en un documento suscrito por el capitán de puerto de la comuna de Lago Ranco, teniente Alejandro Montes Arellano, “se detectó una ocupación ilegal en la playa, bien nacional de uso público, en el sector de Quillín, lago Ranco, Región de Los Ríos, por parte del señor Ricardo Ovalle Rivera (…) consistente en la construcción de una rampa y muro de contención en dicho espacio”.
“De acuerdo a lo expuesto precedentemente, y en cumplimiento a lo establecido en la normativa citada a) y b) de la referencia (D.F.L. 340 y D.S. 9), vengo a requerir el auxilio de la fuerza pública, a fin de que proceda, sin más trámite, a desalojar los bienes ocupados indebidamente”, ordena el documento oficial.
De esta forma, se confirma lo denunciado por diversos actores locales, entre ellos, el dirigente social Eduardo Calisto. Consultado al respecto, este vecino ranquinos sostuvo que “lo informado durante esta jornada en el Senado, reafirma que la molestia ciudadana y las sucesivas denuncias que hemos realizado, tienen asidero y dan cuenta de un problema real”.
“Esperamos ahora, una pronta y eficaz reacción del gobernador Alonso Pérez de Arce, sobre quien recae la responsabilidad de ejecutar lo dispuesto por La Armada, incluso con el uso de la fuerza pública”.
El dirigente también hizo un llamado a la autoridad provincial a dejar claro ante la opinión pública qué pasará con las obras ya realizadas en el borde lacustre por este particular, dado que al no estar concluidas “correspondería demoler todo lo realizado y dejar ese sector tal cual como estaba antes de la intervención, para su conservación y uso público”.
Fue el senador Alfonso de Urresti, en su calidad de presidente de la Comisión de Medio Ambiente, quien invitó a la sesión de este jueves al ministro de Bienes Nacionales y al representante de la Dirección General del Territorio Marítimo y de Marina Mercante de la Armada para lograr esclarecer los aspectos legales de esta situación específica, y conocer las problemáticas vigentes en el lago Ranco.
De Urresti destacó que era necesario que se ejecute a la brevedad el desalojo requerido. Durante la sesión el parlamentario subrayó que era necesario que la Armada tuviese mayor diálogo con los dirigentes y organizaciones sociales.
“Aquí hay gente con redes y contactos, con poder. Estas personas abusan. Es importante seguir investigando. Tiene que haber más trabajo de fiscalización y se debe escuchar a los vecinos”, aseveró el senador.
En la ocasión, el ministro Julio Isamit reconoció que había muchas personas que realizaban ocupaciones ilegales de las playas. “La cantidad de gente que sostiene que hay playas privadas o que los dueños de los predios ribereños son dueños de las playas es insólita. Estamos en una campaña informativa para decir que en Chile no hay playas privadas, todas las playas son públicas. Es deber del Estado garantizar el acceso de la comunidad a las playas”, expresó la autoridad sectorial.
