La audiencia de control de detención y formalización se realizó durante la tarde de este jueves, a través de una videollamada, a la que también accedieron medios de comunicación. 

En la oportunidad, el fiscal jefe de la comuna de La Unión, Raúl Suárez Pinilla, detalló las circunstancias que rodearon este crimen, en que resultó fallecido el conocido vecino del sector de Pilpilcahuín, Juan Luis Martínez Silva, de 65 años de edad. 

A su vez, la defensa del imputado solicitó la suspensión del procedimiento de formalización, conforme al Artículo 458 del Código Procesal Penal, aduciendo la existencia de antecedentes de enfermedades mentales del imputado, situación que fue refutada por el fiscal Raúl Suárez, quien argumentó que dichos antecedentes no están documentados en la carpeta investigativa.  

En relación a este tema, la magistrada Lissette Salazar, jueza del Juzgado de Garantía de La Unión, desestimó el requerimiento de la defensa, lo que dio paso a la respectiva formalización por parte del Ministerio Público, por los delitos de homicidio simple, daños calificados a un vehículo policial y amenazas no condicionales a carabineros. 

Sin embargo, se registraron diversos problemas en la interacción entre el imputado y los demás participantes de la audiencia online, dado que el acusado se negó en primera instancia a responder a las preguntas de los intervinientes y no se dio por enterado de los delitos que se le imputan.

De hecho, la jueza debió corroborar con los carabineros que custodiaban al detenido, si éste se encontraba en condiciones de continuar con la audiencia, debiendo además reiterar los tres delitos que se le imputaron, hasta que finalmente asintió de manera positiva y dijo comprender lo que se le estaba comunicando.  

Medidas cautelares 

Respecto a las medidas cautelares, el fiscal del Ministerio Público solicitó la medida de prisión preventiva, argumentando peligro para la seguridad de la sociedad, solicitud que fue considerada desproporcionada por la Defensoría Penal Pública, en virtud a los antecedentes que darían cuenta de enfermedad mental.

En ese sentido, la jueza Lissette Salazar resolvió aplicar la cautelar de prisión preventiva, argumentando los criterios establecidos en materia de peligrosidad criminal que aplicarían en este caso, para considerarlo un peligro para la seguridad de la sociedad. 

Finalmente, el tribunal fijó un plazo de 100 días para el desarrollo de la investigación que llevará a cabo la Fiscalía Local de La Unión.