Por Pedro Barrera | Abogado, columnista noticiaslosrios.cl
El día jueves 12, en sesión extraordinaria, el concejo municipal de la comuna de La Unión decidió, incomprensiblemente, postergar una inédita e histórica instancia de participación ciudadana agendada y pactada entre el Alcalde y la organización comunal Unidad Social. La idea era sumarse a la iniciativa nacional de la asociación de municipalidades generando un espacio para que la ciudadanía local se pronuncie sobre las diversas materias que han conducido el profundo estallido social reciente en nuestro país.
No sé si entendemos lo que ocurre. La ciudadanía se organizó al punto que literalmente “le hizo la pega” al municipio. Durante semanas, se reunieron generando una sólida propuesta técnica, los procedimientos y una logística estructurada para realizar la consulta. Una metodología que incluso validarían veedores de la Universidad Austral. La propuesta fue informada a los concejales, publicitada adecuadamente, y satisfacía estándares más que debidos para un procedimiento confiable, manteniendo la respectiva cadena de custodia y la libertad democrática para un ejercicio libre y voluntario del voto. El único papel del Municipio era el mínimo, cumplir los requisitos legales de la Ordenanza Municipal de Participación Ciudadana. Pero no se hizo.
En su artículo 54, dicha ordenanza exige que el Concejo Municipal sea informado con 10 días de anticipación a la fecha de la respectiva consulta, requisito que el alcalde no cumplió y que fuera reclamado por el concejal Velásquez. La comunidad respondió con una propuesta de modificación de la ordenanza en que de haber habido voluntad política podía validarse jurídicamente todo el proceso, pero mediante el vergonzoso acto del jueves el concejo reculó, y postergó la con hasta el 05 de enero de 2020 la consulta, es decir, cuando ya no importe pues prácticamente todo el país la realizará la consulta este fin de semana, por lo que para el próximo año los datos estarán ya tabulados y su impacto político será nulo.
Hablamos de intransigencia pues, de haber existido un mínimo de responsabilidad cívica, se habría entendido que las estructuras jurídicas no pueden ser articuladas para esconder la incomodidad personal con la participación ciudadana, tutelando intereses partidistas y particulares. Ante la incompetencia de la alcaldía, los concejales podían modificar la norma y validar el procedimiento. Pero no lo hicieron.
¿Por qué? Bueno, los argumentos son risibles: Se esgrimió que no había certeza de la confianza que generaba el procedimiento y los lugares de votación, pese a existir una propuesta sólida en manos del concejo hace días y que no leyeron. Se argumentó que los concejales no habían sido “invitados” a reuniones abiertas, elemento que bien ameritaría un emoticón de facepalm. Se indicó como traba el gasto que haría el municipio, aun cuando la convocatoria es responsabilidad exclusiva del alcalde y que el costo económico, siendo exagerados, no superaría los dos millones de pesos (Algo así como dos y medio monolitos de reconocimiento a la reforma protestante). Se propuso postergar la consulta por falta de información del procedimiento a la ciudadanía, pese a la vigente campaña de información en medios y la existencia de un punto móvil de votación y acercamiento que permitiría participar a las zonas rurales.
Lo desconcertante es que la participación ciudadana sea tan ridículamente descartable, que la clase política local carezca de la más básica noción y dignidad de gobernanza, utilizando un más que salvable resquicio legal en circunstancias tales que hace un año se hace vista gorda de fraudes y desfalcos municipales. La falta de liderazgo y conducción de una autoridad que no es capaz de dirigir un equipo que cumpla los requisitos mínimos de diligencia y defensa de intereses ciudadanos.
En definitiva, un municipio que percibe que sin su beneplácito las iniciativas sociales son peligrosas, dudosas o desconfiables. Ese paternalismo, esa vertical jerarquización de las decisiones es parte esencial del problema social a nivel país. El nivel de incomprensión de la presión social es tal que bien podríamos hablar de un despotismo sin una base mínima de ilustración, nuestros líderes no son capaces de prever que la frustración de la ciudadanía ante la inoperancia estructural de sus gobernantes es la pólvora del descontento y que con esto confirman que los políticos locales padecen los mismos vicios que los nacionales: La condescendencia con la ciudadanía y el desprecio a su participación.
Por suerte, la dignidad popular se sostiene de la vocación de los individuos y su capacidad de articularse y no depende del flaco favor de la autoridad. El poder no se detenta, se ejerce. Y la ciudadanía tendrá una instancia de ejercer ese poder todavía, pues se ha confirmado que la consulta ciudadana se realizará de igual manera y de forma autogestionada. La comunidad con ello demuestra una nueva realidad política local donde su incidencia es relevante, donde ocupa espacios antes abandonados y quienes no comulguen con esa lógica no tendrán espacio en los procesos políticos que vienen.
