El proyecto de ley que modifica la Ley N° 18.101, busca hacer justicia en el mercado de arriendos, agilizando los procesos judiciales para no extenderlos por largos meses, creando un mecanismo mucho más expedito.
Además, el proyecto busca simplificar los trámites asociados a estos juicios para que se no requieran siempre abogados, y que se puedan hacer en forma verbal, de modo que la propia persona pueda presentar su caso ante el juez.
A juicio del gobernador del Ranco, Alonso Pérez de Arce, el proyecto de ley se hace cargo de una realidad en todo el país y que busca regular de manera responsable el arrendamiento abusivo y los problemas derivados del hacinamiento, acelerar los procesos judiciales y generar un equilibrio entre arrendadores y arrendatarios para que ninguna parte abuse de la otra.
“El Gobierno ha focalizado sus esfuerzos en modernizar una serie de normas, con el objetivo de hacerse cargo de los cambios propios de la sociedad y así proteger a quienes se sienten desprotegidos. Creemos que de aprobarse la ley, los vecinos contarán con una norma que regule el arrendamiento y se haga cargo de los problemas actuales”.
Entre los principales medidas de este proyecto de ley se encuentra el agilizar los procesos judiciales para el desalojo de arrendatarios morosos y la notificación de las demandas de arrendamiento; simplificar los trámites asociados a juicios y recuperación de viviendas; evitar los abusos hacia los arrendatarios para que vivan de manera digna junto a sus familias; y la regulación del subarriendo.
