Señor director:
Recientemente el Presidente de la República firmó el proyecto de ley de Integración Social y Urbana, que busca transformar el Ministerio de Vivienda y Urbanismo por el Ministerio de la Ciudad y Vivienda.
Uno de los puntos destacables de la propuesta, es la búsqueda de incentivos urbanísticos para desarrollos inmobiliarios, que incluyan la integración social y la creación de subsidios de arriendos en terrenos fiscales.
La pregunta que surge es cuál será el rol del Estado en la planificación urbana, considerando que debe existir un mecanismo de intervención en el valor del suelo, como aporte al bien común. Está a la vista que, en general, un privado que construye busca rentabilidad económica, pero lo que preocupa es el vacío que existe entre los intereses comunales y las normativas para otorgar los permisos de edificación, lo que ha terminado apurando una serie de malos proyectos y dejando una sensación de fragilidad absoluta al ciudadano común, como ha ocurrido con los llamados “guetos verticales”.
Más allá del nombre o mejor aún, sólo como Ministerio de la Ciudad, es que ojalá también regule aquellos espacios urbanos y públicos que quedan entre las viviendas, y que las normas incluyan áreas verdes naturales y aguas, lo que permitiría construir valor agregado para los sistemas biodiversos.
Desde la academia se puede aportar, recogiendo estas reflexiones y entendiéndola como un modelo participativo que evidencia la necesidad de incorporar, en la enseñanza de los futuros profesionales, la ética de los bienes comunes para aspirar a una mejor calidad de vida urbana.
Uwe Rohwedder
Director Escuela de Arquitectura
Universidad Central
