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Opinión: Proteger a nuestros niños, niñas y adolescentes

Evitar que niños, niñas y adolescentes que han sido víctimas de un delito grave tengan que narrar y responder varias veces, consultas acerca del hecho sufrido, es uno de los objetivos principales que busca la implementación de la ley 21.057 de Entrevistas Videograbadas.

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Por Rodrigo Oñate Betanzo
Seremi de Justicia y Derechos Humanos de Los Ríos

Revictimizar, es lo que queremos evitar con todas las consecuencias negativas que puedan sufrir los menores. Los principios que inspiran esta normativa son: interés superior de niños, niñas y adolescentes, autonomía progresiva, participación voluntaria, prevención de la victimización secundaria, asistencia oportuna y tramitación preferente, y el resguardo de su dignidad.

En nuestra región, la ley comenzará su implementación y puesta en marcha el próximo 03 de junio del presente año, donde contaremos con 8 salas (aumentará a 9) para realizar las entrevistas videograbadas y declaraciones judiciales, que se dividen en: 3 de la Fiscalía (aumentará en una con la entrega de las obras en Los Lagos), 4 del Poder Judicial y 1 de la Policía de Investigaciones (PDI). Además, habrá 14 entrevistadores entre funcionarios del Ministerio Publico, PDI y Carabineros. Los entrevistadores deben aprobar el curso inicial de formación especializada que ha sido acreditado por nuestro Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, responsables de acreditar y revalidar a los profesionales y funcionarios que actuarán en estas materias, manteniendo un registro actualizado que quedará a disposición del Poder Judicial y del Ministerio Público.

Continuaremos realizando una sensibilización y capacitación de esta ley, no solo a los intervinientes en un juicio, sino que también a la comunidad escolar, salud y otros grupos o servicios.

Proteger a nuestros niños, niñas y adolescentes es una tarea de todos. La entrada en funcionamiento de esta ley es un gran avance para aquellos/as que deban enfrentar las distintas etapas que conllevan un proceso penal (denuncia, investigación y juzgamiento). Por eso necesitamos involucrar a toda la comunidad en este proceso y así cumplir con su objetivo principal: la protección y el resguardo de nuestros niños, niñas y adolescentes.

 

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