Por Luis Cuvertino
Gómez Gobernador Regional
Esta semana, junto a los Consejeros y Consejeras Regionales, participamos en la cuarta Subcomisión Mixta de Presupuesto del Senado, en Valparaíso. En la exposición de nuestra delegación pudimos dar cuenta del esfuerzo que hemos desplegado durante los últimos años por consolidar una gestión responsable, transparente y centrada en resultados concretos para la ciudadanía. Sin embargo, como ocurre en todas las regiones de Chile, seguimos enfrentando limitaciones estructurales que impiden ejercer plenamente la autonomía que la descentralización prometió.
Uno de los problemas más graves del centralismo en materia presupuestaria es que los presupuestos regionales no son realmente autónomos. Siguen estando tutelados por la Dirección de Presupuestos (DIPRES) y, además, no han experimentado un crecimiento acorde con lo establecido en leyes especiales, como la Ley Espejo del Transantiago o la Ley del Royalty Minero, que originalmente buscaban fortalecer el financiamiento de las regiones. Lamentablemente, lo que se ha producido es una “suma cero”: los recursos incorporados a través de estas leyes han sido compensados con una reducción equivalente en el aporte fiscal al Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR) de libre disposición. En la práctica, esto mantiene inalterado el marco presupuestario anual.
Podríamos afirmar que estamos frente a un engaño público que genera dos consecuencias negativas. Primero, obliga a destinar cerca del 27% del presupuesto a gastos definidos centralmente, sin considerar la opinión ni las prioridades de las regiones. Y segundo, deja a los gobiernos regionales con menos recursos disponibles para financiar iniciativas propias, limitando así su capacidad real de decisión y gestión.
Después de los Municipios, los Gobiernos Regionales son la segunda puerta que golpean los ciudadanos, es por ello que una de las glosas propuestas busca ampliar la flexibilidad en el uso de fondos en situaciones de emergencia, permitiendo reaccionar con rapidez ante desastres naturales o crisis locales. Además, solicitamos se autorice a los Gobiernos Regionales a transferir recursos a nuestras corporaciones, garantizando así la continuidad y la plurianualidad de programas que hoy dependen de aprobaciones anuales, muchas veces sujetas a la discrecionalidad del nivel central.
Asimismo, planteamos la necesidad de incorporar una glosa para la creación de un subsidio a los Servicios Sanitarios Rurales (APR y cooperativas de abasto), considerando que este es uno de los principales problemas que afectan la calidad de vida en nuestras zonas rurales. Del mismo modo, propusimos modificar la glosa de electrificación rural para eliminar trabas burocráticas que hoy ralentizan la ejecución de proyectos, y apoyar a las municipalidades en la disposición final de residuos sólidos, un desafío urgente y transversal en todas las comunas.
Pese a las dificultades, valoramos los avances alcanzados en flexibilidad presupuestaria: hoy contaremos con presupuestos vigentes desde inicios de año y podremos realizar modificaciones sin pasar por la Dirección de Presupuestos, lo que sin duda, agiliza la inversión pública. Aun con restricciones, somos optimistas. Este debate impulsado por nuestra Asociación de Gobernadores y Gobernadoras puede marcar un paso decisivo hacia una descentralización real, basada en la confianza, autonomía y eficiencia. El desarrollo de Chile se construye desde sus territorios, y seguiremos impulsando los cambios necesarios para hacerlo posible. ¡La descentralización no debe esperar!
