Por: Ramón Rubio Donoso
Rector del CT estatal de Los Ríos
En el marco de la discusión presupuestaria 2025 y ante el problema económico básico: “necesidades múltiples y recursos escasos”, es natural cuestionarnos cómo priorizaremos el presupuesto de la nación, más aún, en tiempos de déficit fiscal, bajo crecimiento económico y fragilidad del empleo, que para el Banco Mundial representan desafíos claves y lo sintetiza como la necesidad de avanzar hacia un crecimiento mayor y más inclusivo.
Los Centros de Formación Técnica Estatales (CFTE) representan, probablemente, una de las políticas públicas que mejor reflejan las prioridades que debería tener del próximo presupuesto nacional, pues sus más de 15 mil estudiantes actuales (25 mil proyectados al año 2026), que se distribuyen en cada una de las regiones del país, demandan infraestructura pública en todas las regiones y se orientan fuertemente a la formación de trabajadores, tanto en programas de formación técnica como de oficios o perfeccionamiento orientado a los sectores con mayor potencial de desarrollo.
De acuerdo con lo señalado por el ministro de Hacienda, son las necesidades de inversión una prioridad, tanto en obras públicas, como vivienda y construcción en general, así como en fortalecimiento de sectores industriales con potencial como el cobre, el litio, las energías renovables, el hidrógeno verde, la economía digital y el turismo. Sectores que requieren de un andamiaje que permita su desarrollo sostenible, rol que cumplen los CFTE al concentrar un tercio de su oferta de cursos (Carreras/Jornadas/Sedes) en carreras relacionadas con los sectores indicados.
Para Hermann González, coordinador macroeconómico de Clapes UC, la capacidad de crecimiento potencial de la economía tiene tres principales fuentes: productividad, stock de capital y participación laboral, por lo que se necesita mejorar en educación y capacitación de la fuerza laboral. Ámbito en que coincide con datos de la OCDE, que a nivel promedio de los países que componen la organización, señala que el 40% de los adultos (de 25 a 64 años) con un nivel educativo inferior al secundario superior están desempleados, en comparación con el 23% de los que tienen un nivel educativo superior o postsecundario no terciario y el 13% de los adultos con educación terciaria.
Desde la perspectiva de González, el impacto en la productividad de los CFTE’s pareciera ser evidente, más aún si analizamos el perfil de ingreso de quienes conforman este tipo de instituciones públicas de formación técnica, cuya edad promedio es de 30 años, dos tercios son mujeres, también dos tercios estudian en jornada vespertina (grupo que mayoritariamente compatibiliza estudios con trabajo) y que además se concentra en zonas geográficas de reducida o nula oferta terciaria, pues 8 de cada 10 estudiantes no son de capitales regionales. En consecuencia, el perfil de los CFTE´s es de trabajadores y grupos excluidos del sistema laboral, con pocas oportunidades de formación y por tanto potencialmente poco productivos.
A la luz de los datos, parece razonable esperar que el presupuesto 2025 de la subsecretaría de educación superior manifestara de manera clara el apoyo requerido para que el rol de los CFTE’s en la reactivación económica y el desarrollo sostenible de nuestro país se concrete. Sin embargo, la propuesta del ejecutivo no ha plasmado en cifras los buenos deseos manifestados en las distintas instancias de dialogo, limitándose a mantener el mismo presupuesto de corriente del año 2024 (sólo reajustado por le proyección del IPC), el que representa un 23% menos de lo esperado, para cumplir mínimamente con las condiciones de operacionalidad, calidad y compliance en el contexto de una institución estatal.
Alcanzar resultados distintos en desarrollo y productividad demanda de acciones mucho más audaces y repetir un presupuesto en educación que no empuja el crecimiento, como tampoco el desarrollo sostenible de forma significativa, parece un camino poco razonable, aunque lamentablemente el elegido por las autoridades del MINEDUC y Hacienda. Por lo tanto, el llamado es a al parlamento para empujar con valentía y convicción los pequeños cambios necesarios, como fortalecer el rol de instituciones que han dado cuenta de su capacidad para responder de forma flexible a los cambios (muchas nacieron en pandemia) y que han sido capaces de integrarse de forma efectiva en sus territorios, desplegándose como una red que va desde Arica a Magallanes y que a la vez representa el principal o exclusivo camino para el desarrollo de comunas como Tirúa, Pichilemu, Ovalle, Panguipulli, Lautaro, Chañaral, Aysén y Porvenir, entre muchas otras.
