Santiago González Larraín
Rector Universidad Central y exministro de Minería
Una buena noticia para la minería y el país es la aprobación en el Senado de la ley de royalty, tanto por su contenido como por lo que representará para el posicionamiento de Chile en el contexto minero mundial.
La calidad de un distrito minero y la factibilidad de desarrollar proyectos en él se evalúa principalmente desde cuatro ángulos. El primero es que exista el recurso y la factibilidad técnica y económica para explotarlo, lo cual en nuestro país está asegurado. El segundo es contar con los permisos ambientales, que en el último tiempo se ha transformado en una dificultad por la demora en obtenerlos. Tercero es la certeza jurídica respecto de la propiedad minera que garantiza el derecho a explotar el yacimiento en el largo plazo. Por último, y muy importante, lo que se ha denominado la licencia social para operar, que representa la convicción de la ciudadanía respecto de la justa retribución que recibirá el país producto de la explotación, en condiciones medioambientales y socialmente sustentable, de un recurso no renovable que es propiedad de todos los chilenos.
A esto último apunta el acuerdo del Senado. La incorporación de un impuesto ad valorem en un porcentaje razonable; la fijación de tasas máximas de tributación para las mineras; y la asignación, a través de tres fondos, de recursos destinados a fortalecer el desarrollo de las regiones, de las comunas más necesitadas del país y de las situadas en el entorno de los proyectos, constituye un avance significativo y una voluntad real, tanto de parte del sector minero como del Estado, de que parte de los recursos que genera la gran minería vayan destinados a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos.
La ley de royalty no afectará nuestra competitividad. Si bien la carga tributaria máxima podría estar eventualmente uno o dos puntos sobre nuestros competidores, los aspectos positivos que existen en Chile para el desarrollo de la minería, así como la certeza jurídica que entrega el país a sus inversionistas, supera con creces esta probable debilidad. Lo importantes es que a partir de su aprobación tendremos una ley tributaria que se hace cargo de la necesaria licencia social que debe existir en todo proyecto de inversión y que hoy en el mundo de la minería es uno de los aspectos más difícil de obtener y sin duda fundamental para el desarrollo en el largo plazo.