Por Jorge Hernández Carmona
Líder de Escuela de Administración del CFT Estatal de Los Ríos
El 15 de marzo, se conmemoró el Día Mundial del Consumidor, instaurado por la Organización de las Naciones Unidas, cuya celebración se origina en el memorable discurso pronunciado por el presidente John F. Kennedy -justamente un 15 de marzo de 1962- para reconocer al consumidor como eslabón fundamental dentro del proceso productivo.
Si nos remontamos a la última década en nuestro país, los derechos del consumidor han experimentado avances notables tanto en su gestión, como en lo que refiere al empoderamiento de la sociedad respecto de su relación con el mundo del comercio, los servicios y la productividad. La ampliación del plazo de garantía de 3 a 6 meses en los productos o servicios adquiridos en comercios establecidos de Chile, que forma parte de la denominada Ley “Pro-Consumidor”, N° 21.398, ha venido a reforzar la relación entre productores y consumidores, estableciendo marcos de equidad y resguardo para la ciudadanía.
A ello se suma que en la actualidad, los consumidores tienen derecho a contar con información clara y detallada sobre los productos o servicios que se ofrecen en el mercado, la protección contra publicidad engañosa o falsa, el derecho a la privacidad y a la protección de datos personales, entre otras materias. Pero, ¿cómo se protegen los derechos del consumidor en regiones? Lo cierto es que si bien las entidades fiscalizadoras han avanzado en cobertura territorial, las brechas siguen siendo muchas: factores geográficos, demográficos, conectividad terrestre y provisión de servicios digitales, siguen afectando el adecuado acceso a una denuncia oportuna, a la activación de los procesos de sanción y al seguimiento de los casos.
Si bien lo anterior evidencia desafíos para el Estado, también debe derivar en el necesario fortalecimiento del rol de las instituciones educativas. Es así, que el CFT de Los Ríos plantea en sus diferentes áreas de formación diversos tópicos en esta materia, tanto para los futuros emprendimientos que desarrollen sus egresados, como también a la hora de enriquecer los conocimientos en materia de consumo.
Lo que estamos haciendo como CFT, es transferir competencias a nuestros estudiantes y una cultura de plena conciencia de sus derechos y deberes como consumidores o proveedores, en los diversos rubros que desempeñarán a futuro. ¿Por qué?, porque es necesario que los cambios en esta área tan sensible se aborden de manera integral en la formación académica, en un marco de ética y en conocimiento de la normativa vigente, la cual debe actualizarse al mismo tiempo que los productos y servicios se actualizan.
Los territorios regionales deben ampliar su marco de protección en materia de consumo, los mercados deben fortalecer sus coberturas y debemos avanzar en educación, para que las brechas antes planteadas se vayan reduciendo.
