Cristina Orozco Canelo
Académica Facultad de Educación UCEN
El 31 de diciembre del 2022 venció el plazo para cumplir con la Ley de Inclusión Laboral N° 21.015, cuyo objetivo apunta a que empresas públicas, privadas y organismos del Estado cumplan con la contratación de Personas en Situación de Discapacidad.
Según el Estudio Nacional de la Discapacidad, esta población de personas es la que tiene mayores dificultades para acceder a un empleo. De acuerdo con el último catastro realizado a nivel nacional en la población de personas mayores de 18 años en Chile, el 20% de la población adulta se encuentra en situación de discapacidad, lo que equivale a 2.606.914 habitantes. Dentro de estas, sólo el 39,3% tiene empleo y el 57,2% se encuentra inactivo (Ministerio de Desarrollo Social).Las cifras muestran que la igualdad de oportunidades no son suficientes y que no basta con decir que todos tenemos los mismos derechos para que esto suceda realmente.
En mi experiencia como docente junto al Programa de Formación Socio laboral (Prufodis), de la Universidad Central, es uno de los primeros modelos de educación inclusiva en un entorno universitario para estudiantes en situación de discapacidad intelectual y del desarrollo. Algunos egresados, continúan sus estudios en Centros de Formación Técnica o Institutos Profesionales obteniendo una certificación y título que avala el desarrollo de sus competencias técnicas y de empleabilidad, no obstante, al momento de postular a un trabajo, se topan con barreras actitudinales basadas en opiniones y prejuicios de las personas, que muchas veces, no logran ver más allá de la situación de discapacidad.
La Ley 20.422 preserva el derecho a la igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad, con el fin de obtener su plena inclusión social, asegurando el disfrute de sus derechos y eliminando cualquier forma de discriminación fundada en la discapacidad. Es preciso considerar la igualdad de oportunidades que deben tener las personas en situación de discapacidad intelectual, y a no ser discriminados por esta razón, adoptando nuevas medidas para que participen plenamente en la vida laboral, social, y productiva del país.