El lunes en la mañana el receptor judicial junto a Carabineros llegó al sector para ejecutar dictamen de la Corte Suprema.
En abril de este año, la Corte Suprema emitió un dictamen para el desalojo de la familia Henríquez-Vivanco de un terreno de propiedad de la empresa Sociedad Agrícola Pichipehuén, el cual está ubicado en el sector Los Alerzales, frente al acceso del Parque Nacional Alerce Costero, en La Unión. Esta acción judicial, que se intentó ejecutar durante la mañana del lunes, fue suspendida, luego de que la familia se negara a abandonar el lugar.
El procedimiento estuvo a cargo de personal de Carabineros y de Fuerzas Especiales, donde un hijo de Nancy Henríquez -quien habita en la propiedad- fue detenido debido a que habría realizado amenazas contra trabajadores de la empresa Pichipehuén, propietaria del predio.
Nancy Henríquez señaló a Radio Bío Bío que “hemos estado en juicio cinco años ya, pero ellos nos ganaron el juicio (…) Ahora tenemos que ver qué se puede hacer, pedir ayuda, porque acá en La Unión nadie nos presta ropa, como dicen; uno que ha vivido toda la vida en el campo nos vienen a despojar, así como nada”.
Tras los hechos, la comunidad mapuche Pu Manke Lafken emitió una declaración pública (que puedes revisar AQUÍ) donde desmintió hechos y publicaciones en contra de la comunidad y de sus miembros, debido -señala el documento- al desalojo de la familia Henríquez.
En la declaración, entre otros puntos, señalan, “recordar y poner en conocimiento público que la familia Henríquez jamás han sido dueños del predio en conflicto, ellos siempre han sido por generaciones trabajadores de Conaf, en donde han cumplido el rol de guardaparques del Parque Nacional Alerce Costero, lugar en donde también han permanecido por décadas dentro del recinto en instalaciones y viviendas pertenecientes a Conaf”.
Agregan que, “la Sociedad AGRICOLA PICHIPEHUEN LIMITADA más conocidos o representada por la familia San Martin, actuales dueños del fundo Raulintal, tierras adquiridas durante el año 2012 nunca jamás han querido instalar un proyecto inmobiliario en el sector, muy por el contrario, han mantenido una excelente convivencia con las comunidades y vecinos del sector, visibilizando e instalando desde un comienzo un proyecto de conservación y restauración natural y biológico en el lugar en donde por cientos de años habían pasado muchas empresas forestales arrasando con la flora y fauna propia de allí, es por eso que como Mapuche creemos, apoyamos y hemos trabajado codo a codo con esta familia y socios por el bien de nuestra Ñuke Kutxalwe”.
En tanto, Felipe San Martín, abogado y uno de los propietarios de Pichipehuén, detalló que “en el mes de abril, la Corte Suprema dio un plazo de diez días para ejecutar este abandono y, si no se realizaba de forma voluntaria el cumplimiento de la sentencia, se podría ingresar con la fuerza pública. Ha pasado mucho más de diez días y, tomando todas las medidas de resguardo para que nadie saliera herido, el lunes en la mañana el receptor cumple con el dictamen emanado de la Corte Suprema y, ante la negativa de la familia, da la orden de que ingrese Carabineros”.
Además, explicó que, tras la violencia ejercida por parte de la familia, fue la misma empresa la que solicitó suspender el procedimiento para evitar incidentes mayores.
Demandas de la familia
¿Cuál es el origen del conflicto? La familia Henríquez-Vivanco es conocida como “Guardianes del Alerce Costero”. En la década de los ’40, Aníbal Henríquez (padre de Nancy Henríquez), junto a su esposa Rufina Vivanco, llegó a vivir a ese terreno, y a principios de los ’70 descubrió el Alerce Milenario o “árbol abuelo”, el cual tiene más de cuatro mil años de vida.
Sin embargo, la familia nunca regularizó el terreno que, desde 2016, está en disputa con la empresa Pichipehuén. Ese año la familia comenzó la tramitación para la regularización, a través del Ministerio de Bienes Nacionales, solicitud que fue rechazada y archivada.
Hace unas semanas, la Red de Profesionales, Académicos e Investigadores en Apoyo de Familia Henríquez Vivanco, Guardianes del Alerce Milenario, envió una carta al gobernador regional, Luis Cuvertino; al delegado presidencial, César Asenjo, y al alcalde de La Unión, Andrés Reinoso, donde expusieron la situación que enfrenta dicha familia, la cual calificaron como “un escenario crítico”, y les solicitaron una reunión para “ver caminos de solución y mediación”, así como también apoyo legal para analizar el proceso inicial con Bienes Nacional, donde -señalan en la carta- “en circunstancias poco transparentes y mediante un proceso viciado, se falla en su contra. Esto permitiría a la familia reiniciar la regularización del resto del terreno de su posesión”.
La familia Henríquez- Vivanco solicitó en mayo de 2021 a la empresa la realización de un peritaje técnico a cargo de un equipo perito geomensor profesional y supervisado por una mesa de diálogo, con el objetivo de determinar los límites en el terreno y la reserva Raulintal.
En tanto, a mediados de este año, a través de una carta dirigida a los propietarios, señalaron que la amenaza de desalojo permanecía latente e indicaron -en esa oportunidad- que “lo que buscamos en Bienes Nacionales, y ante lo cual ustedes se opusieron, ha sido regularizar con un título de propiedad nuestra tenencia histórica de la tierra donde nos asentamos en Los Alerzales desde mediados de la década de 1940, ubicada fuera y al norte del predio Raulintal de dos mil hectáreas, que desde 2013 es propiedad de ustedes sin delimitación clara ni cercado en la mayor parte de su perímetro”.
Estas solicitudes de la familia fueron hechas en respuesta a las propuestas realizadas por la empresa para llegar a un acuerdo. En tres oportunidades la empresa ha intentado llegar a un acuerdo con la familia, sin lograr una solución al conflicto.
La primera, en 2017, donde le plantearon la posibilidad de que pudiera sanear un terreno para establecerse. Luego, cuando ya estaba vigente la orden de desalojo, la empresa ofreció un terreno ubicado en el interior del predio Raulintal, y ante la negativa, una tercera alternativa que consistía, entre otros, en el usufructo vitalicio para Nancy Henríquez del lugar donde habitan y la construcción de un museo a nombre de Aníbal Henríquez.
