Por Guido Asencio
Académico
El desarrollo económico local presenta diferentes dimensiones para modelar el condicionamiento dentro de un territorio, esto da pie a planificar y/u organizar actividades económicas que se adapten a las características del lugar, también conocido como desarrollo endógeno. En este caso, se analizan las proyecciones que se pueden constituir al organizar el desarrollo económico local con una mirada a la ruralidad “desde adentro”, reconociendo la complejidad que implica ver el territorio como un fenómeno que requiere coherencia entre el diálogo entre los distintos actores que cohabitan en él.
Para construir políticas locales que tengan impacto en la ruralidad, es importante identificar la contribución que realizan tanto personas como instituciones encarnadas en la figura de diferentes tipos de organizaciones de la sociedad civil tales como: ONGs, organizaciones comunitarias, corporaciones, cooperativas, comunidades ancestrales, empresas, entre otras que forman parte del espectro de las preocupaciones para llevar a cabo decisiones en materia local, donde la migración campo-ciudad ha formado una constante histórica en las últimas décadas, por lo cual, es considerable incorporar los efectos que ello ha tenido en las ciudades, la densificación es el resultado de transformaciones que traen consigo problemáticas relacionadas con la congestión, daños medioambientales y habitabilidad principalmente.
Chile en diferentes instancias, se ha declarado como un país que presenta una capacidad productiva que está a la vanguardia en materia forestal y agroalimentaria, sin embargo, cuando hablamos de desarrollo existe una multiplicidad de otras materias que deben estar presentes para identificar elementos que verdaderamente se traduzcan en mejoras relativas a las formas de vida en la ruralidad, debido a que estamos al debe en aspectos considerados fundamentales para un desarrollo más armónico y dinámico, que considere por ejemplo la capacidad de respuesta para absorber una creciente y más compleja fuerza de trabajo, articular de mejor forma la movilidad social, establecimiento de planes y programas para disminuir las brechas tecnológicas e incorporar activamente elementos culturales que cumplan un rol identitario para los habitantes.
Como se puede apreciar, el desarrollo rural requiere de una mirada amplia para entregar garantías de avance progresivo, no obstante, en esta oportunidad pondré como foco el desarrollo rural en materia económica, sin dejar de lado que su permanencia en el tiempo se deriva de una constante fijación de la inmanente condición de la triada de la sustentabilidad, es decir lo económico debe incorporar necesariamente lo social y medioambiental a la vez. En consecuencia, las propuestas en materia de desarrollo económico rural buscan mejorar las formas de vida de las personas que habitan en localidades alejadas del radio urbano, apuntando a mejorar y contribuir a la economía “desde adentro”. Para aquello, es importante conocer las políticas públicas relacionadas con el tema que influyen directamente en el desarrollo económico rural, además de las instituciones que pueden servir de apoyo directo e indirecto a lo mismo.
Los efectos que se persiguen con una buena política de desarrollo económico rural están relacionados con la condición básica de mejorar la producción local con:
• Fomentar la creación de cooperativas para mejorar las condiciones empresariales y poder apuntar a crear unas agrupaciones de pequeños productores.
• Trabajar para contribuir y ampliar el acceso de la población rural a los servicios básicos (luz y agua potable rural), incluyendo entre otros los de educación y salud.
• Incremento del rendimiento económico de las unidades campesinas a través de aumentos de la productividad agropecuaria.
• Mejorar los precios de insumos y productos que se relacionan con el intercambio entre las unidades campesinas con la economía nacional.
• Desarrollar nuevas actividades rurales no agropecuarias, relacionadas con turismo rural e identitario para diversificar la matriz productiva y permitir ampliar la gama de ingresos.
• Crear mejores condiciones laborales, relacionadas con capacitación e ingreso de los trabajadores rurales.
• Impulsar la creación de ahorros en los productores pequeños y medianos empresarios.
En Chile, en el mes mayo de 2020, se ha publicado la Política Nacional de Desarrollo Rural (PNDR), la cual ofrece un paraguas para comenzar a trabajar con mayores certezas sobre temáticas rurales que por mucho tiempo estuvieron soslayadas por el aparato estatal, el objetivo de esta política es “mejorar la calidad de vida y aumentar las oportunidades de la población que habita en territorios rurales, generando las condiciones adecuadas para su desarrollo integral, a través de la adopción gradual, planificada y sostenida de un paradigma que concibe un accionar público con enfoque territorial e integrado en distintos niveles, y que propicia sinergias entre iniciativas públicas, privadas y de la sociedad civil…”. Este objetivo plantea varios desafíos que se encuentran implícitos que contribuirían al logro de un mayor equilibrio en términos territoriales, incorporando el desarrollo sostenible en la ruralidad, buscando ahondar en cuatro ámbitos tales como: primero propiciando el bienestar social, para disminuir las brechas de acceso a bienes y servicios; segundo generando oportunidades económicas para mejorar el desempeño y dinamismo local; tercero estableciendo como parámetro la sustentabilidad medioambiental para valorar los espacios naturales, con el fin de gestionar sus riesgos; y cuarto potenciando la cultura e identidad, con el objeto de resguardar y poner en valor su patrimonio material e inmaterial.
Desde el punto de vista institucional se debe equiparar las condiciones para identificar las instituciones estatales que ayudan directamente al desarrollo económico rural, como es el Instituto Nacional de Desarrollo Agropecuario (INDAP), el cual presenta siete programas de fomento productivo, los cuales son: programa de desarrollo local (PRODESAL), el convenio INDAP-PRODEMU (Fundación para la Promoción y Desarrollo de la Mujer), programa de servicio de asesoría técnica (SAT), el programa de desarrollo territorial indígena (PDTI), programa ésta es mi tierra, alianzas productivas, capacitaciones móviles, convenio SENCE (Servicio Nacional de Capacitación y Empleo) y seminarios masivos. Además, existen otros siete programas destinados a incentivar la inversión, como son: el programa de desarrollo de inversiones (PDI), sistema de incentivos para la sustentabilidad agroambiental de los suelos agropecuarios (SIRSD-S), programa de riego asociativo (PARA), programa de riego intrapredial (PRI), programa de obras menores (PROM), programa bono legal de agua (BLA), programa de praderas suplementarias.
En consecuencia, todas estas medidas, deben atraer la atención y la inversión nacional hacia las comunas, teniendo como foco central fomentar el desarrollo endógeno como una forma de valorar las bondades que presenta el territorio, sin caer en la explotación, innovando en los procesos productivos, creando catastros rurales comunales, estratificando e identificando el capital social y económico presente, es decir, número de personas, número de empresarios, tamaños de los empresarios, tipos de empresas, etc. Por lo pronto, el hecho de existir una reciente Política Nacional sobre la ruralidad resulta importante establecer mecanismos de seguimiento, para conocer el plan de acción y metodología a llevar a cabo, donde se han propuesto generar indicadores que servirán para tomar decisiones más acertadas respecto al fomento social y productivo de una comuna para proyectar un mejor vivir.
