La Educación en la Constitución.

Por Ramón Rubio D. Rector CFT de Los Ríos

En el marco de una discusión constitucional cabe preguntarse cuál será el rol que encargamos a la educación pública y como se configurará la relación entre educación pública y educación privada, para transformarla en virtuosa en beneficio del país.

Al analizar la realidad comparada tomando como referencia la Unión Europea (UE), podemos identificar que la mayoría, 60% de los países, concentran a 9 de cada 10 estudiantes de primaria y secundaria en escuelas públicas, en contraste con los menos de 4 estudiantes de cada 10 que registra Chile. Países como Estados Unidos, Israel, México o Nueva Zelandia también concentran su matrícula principalmente en la educación pública (Entre 80 y 90%).

Cabe señalar que la educación “subvencionada” o también señalada como “concertada”, en supera, en muy pocos países el 20% de la matrícula total, en circunstancias que en Chile sobrepasa el 50%, dando cuenta de un modelo poco común de acuerdo a la experiencia internacional, sólo comparable con Bélgica.

Más allá de la representatividad de nuestro modelo en el sistema educativo, respecto de la realidad internacional, es adecuado analizar si cumple o no con las necesidades de las comunidades y si el resultado final es el esperado en términos de calidad. En ese sentido es prudente analizar si los indicadores de calidad de la educación cumplen nuestras expectativas.

El Centro de Justicia Educacional de la Pontificia Universidad Católica de Chile analizó los resultados PISA 2015 y sus conclusiones muestran que el “Chile Particular Pagado” ocupa el 5º lugar del ránking, estando ligeramente por debajo de países de alto estándar educativo, como Japón o Singapur y superando a países con los que habitualmente nos comparamos, como Canadá, Finlandia y Corea. En cuanto al “Chile Particular Subvencionado”, este ocupa el lugar 44, con puntajes similares a Bulgaria o Grecia. Por último el “Chile Municipal” ocupa el lugar 59, con un rendimiento parecido al de Costa Rica o México.

Mejorar los resultados de la educación pública son sin duda un desafío que tiene carácter de urgente, pues no existe experiencia exitosa en el mundo en que el pilar no sea la educación provista por el estado, tampoco es posible pensar en justicia social y desarrollo si el estado no es capaz de garantizar una educación púbica gratuita y de calidad, independiente de las condiciones geográficas, sociales, económicas o culturales de sus habitantes, en especial de aquellos que viven en condiciones de aislamiento o ruralidad.

El ejercicio constituyente que actualmente se desarrolla, nos sugiere entrar en análisis y discusiones de fondo, que nos proporcionen, con acuerdo de 2/3, la mirada de largo plazo necesaria, que permita construir el plan adecuado para dar el salto de calidad, que nos permita aspirar a un estado de desarrollo, desde el fundamento más sólido conocido: la educación y formación de las personas.

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