Rodrigo Oñate Betanzo | Seremi de Justicia y DDHH de Los Ríos

E vitar que niños, niñas y adolescentes que han sido víctimas de un delito grave tengan que narrar y responder varias veces, consultas acerca del hecho sufrido, es uno de los objetivos principales que busca la implementación de la ley 21.057 de Entrevistas Videograbadas.

 

Por Rodrigo Oñate Betanzo
Seremi de Justicia y Derechos Humanos de Los Ríos

Revictimizar, es lo que queremos evitar con todas las consecuencias negativas que puedan sufrir los menores. Los principios que inspiran esta normativa son: interés superior de niños, niñas y adolescentes, autonomía progresiva, participación voluntaria, prevención de la victimización secundaria, asistencia oportuna y tramitación preferente, y el resguardo de su dignidad.

En nuestra región, la ley comenzará su implementación y puesta en marcha el próximo 03 de junio del presente año, donde contaremos con 8 salas (aumentará a 9) para realizar las entrevistas videograbadas y declaraciones judiciales, que se dividen en: 3 de la Fiscalía (aumentará en una con la entrega de las obras en Los Lagos), 4 del Poder Judicial y 1 de la Policía de Investigaciones (PDI). Además, habrá 14 entrevistadores entre funcionarios del Ministerio Publico, PDI y Carabineros. Los entrevistadores deben aprobar el curso inicial de formación especializada que ha sido acreditado por nuestro Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, responsables de acreditar y revalidar a los profesionales y funcionarios que actuarán en estas materias, manteniendo un registro actualizado que quedará a disposición del Poder Judicial y del Ministerio Público.

Continuaremos realizando una sensibilización y capacitación de esta ley, no solo a los intervinientes en un juicio, sino que también a la comunidad escolar, salud y otros grupos o servicios.

Proteger a nuestros niños, niñas y adolescentes es una tarea de todos. La entrada en funcionamiento de esta ley es un gran avance para aquellos/as que deban enfrentar las distintas etapas que conllevan un proceso penal (denuncia, investigación y juzgamiento). Por eso necesitamos involucrar a toda la comunidad en este proceso y así cumplir con su objetivo principal: la protección y el resguardo de nuestros niños, niñas y adolescentes.