Por Camilo Gómez
Abogado
En nuestro país llevamos 14 meses de pandemia y con ello, el impacto sanitario, social y económico que ha significado, nos ha llevado a encontrarnos con nuestra propia deuda, que en muchos casos no es figurativa. Muchas familias están acumulando deudas que cada vez se vuelven más difíciles de pagar y que evidentemente, a diferencia del caso del Chavo del 8, no refleja humor alguno, solo desesperanza.
En estos meses hemos visto cómo muchas familias han perdido su fuente de ingresos, desde la ley de protección al empleo que comenzó con suspensiones de trabajadores que lentamente pasaron a ser despidos definitivos, y con ello, la imposibilidad de volver a encontrar un nuevo trabajo. Basta revisar las cifras del INE que señalan que en el primer trimestre de este año el desempleo llegó a un 10,3%. Lo anterior, sin mencionar la situación de los trabajadores informales (principalmente trabajadoras) el golpe fue tanto o más terrible, pues con las cuarentenas y la imposibilidad de obtener contratos o permisos colectivos para trabajar, ha hecho que en muchos casos los ingresos -ya precarios- hubieran casi desaparecido en este marzo infinito en el que vivimos desde que comenzó la pandemia.
Lamentablemente, lo único que no desapareció en estos meses fueron las deudas; así ha quedado en evidencia, por ejemplo, cómo el reporte de las empresas de agua potable que en el segundo semestre del año pasado reportaron entre un 100 y 200% el aumento de morosidad entre los clientes y eso solo respecto de servicios básicos, las llamadas de cobranza de multitiendas, bancos y otras entidades financieras siguen sonando en los teléfonos de los vecinos y junto a la deuda crece la necesidad de las personas que deben decidir entre pagar estas deudas o alimentar a su grupo familiar en un escenario al que se suma la reciente noticia de que un problema que creíamos erradicado en nuestro país, como lo es la desnutrición, ha vuelto a aparecer, marcando con ello un foco de atención al que las autoridades y al comunidad en general, tendrán que poner especial atención.
En este contexto, el ejecutivo decide enviar al TC el proyecto del tercer retiro y crear uno propio que solo demora el acceso a estos recursos, crispando los ánimos de una sociedad agotada, enojada y necesitada, que ve como una insolencia la decisión del gobierno ante hechos que nosotros planteamos en datos, pero que en la realidad se vive con bolsillos vacíos y en contraste a lo sostenido por algunos dirigentes del gran empresariado, como Ricardo Ariztía, al señalar que «La gente no llega a trabajar porque reciben los bonos» lo que es una afrenta cuando a muchos no les llegan las ayudas y a quienes les llega apenas alcanza para minimizar los costos de la pandemia en la economía familiar.
Cuando veíamos que don Ramón debía 14 meses de renta nos parecía una exageración, un absurdo y hoy es la realidad de muchas familias y sin una pizca de humor, solo angustia y el anhelo de que esto pase pronto y mientras tanto, el llamado solo puede ser a la empatía, a que se concrete el tercer retiro en defecto de mejores políticas públicas, a la acción de las organizaciones sociales, a la autoridad, al empresariado y a los acreedores. Debemos proponer para reconstruir lo que esta crisis ha dañado y solidarizar en todo lo que esté a nuestro alcance con quienes más lo necesitan.
