Por Paolo Castro Villarroel
Nutricionista y académico UCEN
Un ejercicio académico: tomé dos fechas de marzo entre el año 2007 y el año 2021, aplicando la relación conocida, la cual dice que una persona con obesidad muere por hora en Chile. La relación debe estar aumentada desde la época que se calculó, pero es una primera aproximación referencial.
El resultado es extremadamente preocupante. Las muertes atribuibles a la obesidad desde el año 2007 a la fecha superan las 122.736 personas, algo brutal si pensamos que hay 22.279 muertes a la fecha por COVID. Ante esto, está demás insistir que la obesidad favorece la mortalidad con coronavirus.
Si existiera licencia de salud por obesidad, probablemente, el descalabro económico sería similar o mayor al vivido por el COVID y las soluciones interministeriales serían brillantes y tendríamos menos monopolio médico en salud y más interdisciplinariedad de los profesionales de la salud en sus respectivos ejes de especialidad. Es difícil creer que Chile apoyándose de los nutricionistas, salió de la desnutrición, pero para enfrentar la obesidad aún se ponen barreras desde los tomadores de decisiones para incorporarlos en los lugares de trabajo, entornos escolares y de acceso universal a FONASA e ISAPRES.
Existen infinidad de políticas públicas, pero cuando uno revisa quien las debe accionar a nivel local, vemos que los encargados son profesionales de áreas como la educación o prevención de riesgo, que bastante tienen con sus labores y, además de no ser una prioridad en sus funciones, no tienen la formación para ejercerlas. Hemos normalizado la obesidad y sus muertes, sin ninguna solución a la altura del problema, al menos durante los últimos 14 años.
