El Ministerio Público imputó por homicidio simple y solicitó la medida cautelar de arresto domiciliario total para el carabinero autor de los disparos que dieron muerte al joven malabarista, Francisco Martínez Romero, hecho ocurrido el viernes 5 de febrero en Panguipulli.
Fue el Fiscal Regional, Juan Agustín Meléndez, quien informó al imputado, sargento segundo Juan González, que era formalizado por homicidio simple y solicitó la medida cautelar de arresto domiciliario total para el imputado, considerando la gravedad del delito.
En la audiencia de formalización, el Fiscal adjunto de Panguipulli, Marcelo Leal Contreras, expuso la dinámica de los hechos mediante material audiovisual y gráfico, indicando que el joven recibió 7 impactos de bala, tres con salida posterior de proyectil, según el pre informe de la autopsia. Asimismo, aportó testimonios de testigos, quienes entregaron los antecedentes que permitieron reconstruir la dinámica que expuso en la audiencia.
La defensa se centró en alegar legítima defensa por parte del imputado, lo que fue rebatido arduamente por el Instituto Nacional de Derechos Humanos, quienes argumentaron que un procedimiento de control de identidad no representaba peligro para los policías que intervenían en el proceso y que, por tanto, no se podía utilizar fuerza letal.
Finamente, el Juez de Garantía de Panguipulli, Felipe Muñoz, después de dos horas de receso, resolvió en cuanto al delito de homicidio simple en grado de consumado, que el último disparo, que causó la muerte al Malabarista, fue una transgresión de los protocolos, no se encuentra amparado en derecho, porque la victima ya estaba desestabilizada y, por tanto, no era necesario, por lo que acepta la tesis del Ministerio Público, y existen elementos suficientes para que el tribunal acepte la tesis de homicidio simple.
Considerando la versión de una testigo protegida, el Juez señaló que se dirime la controversia de si hubo o no agresión previa al Carabinero, en el sentido que esa versión deja en evidencia que la victima sí intentó agredir al policía al momento del control de identidad.
Determinó asimismo, que el imputado, por el delito cometido, reviste peligro para la sociedad, por lo que acogió la petición de la Fiscalía de arresto domiciliario total y concedió un plazo de 4 meses para la investigación, considerando los peritajes que están pendientes.
Los querellantes, incluido el Instituto de Derechos Humanos, apelaron de la medida cautelar, e insistirán en obtener la medida de prisión preventiva, considerando el tipo de delito.
