Por Rodrigo Oñate Betanzo
seremi de Justicia y DDHH Los Ríos
En el actual Sistema Procesal Penal, existen una serie de actores que cumplen un rol determinado como son el Ministerio Público, ente persecutor que investiga y persigue al infractor por hechos constitutivos de delitos; la Defensoría Penal Pública (DPP), que proporciona la defensa penal a los imputados o acusados por un delito; los Tribunales de Justicia que dictan sus sentencias en base a las pruebas expuestas; y la víctima del delito, quien es la afectada por la comisión del delito, y que muchas veces, no se siente representada en sus intereses y no recibe el necesario apoyo psicosocial tras ser perjudicada, situación que se busca remediar con la nueva institucionalidad propuesta, con la instalación de la Defensoría de las Víctimas.
Hoy en día, al no existir esta institucionalidad, que se haga cargo de la defensa de los derechos de la víctima, genera una condición de desigualdad frente a los intereses de otros actores, cuyos objetivos no siempre están relacionados con los del afectado. Sin duda, que la creación de esta nueva institucionalidad y un orden a la oferta jurídica existente, potenciarán el rol de la víctima en el proceso penal y permitirán acceder de mejor manera a información, apoyo y representación, siendo un acto de justicia dirigido a la víctima del hecho delictual.
Además, el proyecto contempla cuatro líneas de acción del Servicio Nacional de Acceso a la Justicia: una general con la oferta programática en materia laboral, civil y de familia; la defensoría de víctimas de delitos que entregaría asesoría, defensa y representación jurídica a las víctimas de delitos, además de apoyo psicológico y social para enfrentar y superar las consecuencias del hecho; una línea de Derechos Humanos para aquellas personas que se ha visto vulneradas o se encuentren en amenaza de vulneración; y finalmente, una línea especializada que aborda necesidades en sectores específicos como nuestros niños, niñas y adolescentes y los adultos mayores.
La iniciativa legal, que cuenta con suma urgencia por parte del ejecutivo, busca ordenar una serie de acciones que realizan los organismos que colaboran con la justicia entregando orientación y ayuda específica a las personas. Ejemplo de ello, es la integración de la actual oferta programática que realizan las Corporaciones de Asistencia Judicial, crea una Defensoría de Víctimas de delitos, línea de Derechos Humanos e incluye programas especializados como son el Programa Mi Abogado y el Defensor del Adulto Mayor, entre otros.
Esperamos que nuestro Congreso apruebe esta importante iniciativa que mejorará el trabajo de los actores del sistema, garantizando y fortaleciendo un correcto y oportuno acceso a la justicia para todos los chilenos sin distinción, enfocada en sus necesidades.
