Patricio Valdivieso | Académico T odos sabemos que las pensiones tienen efectos en la seguridad humana, el bienestar social presente y de las futuras generaciones. En la discusión pública en torno al tema van revelándose situaciones sociales complejas, diversas interpretaciones sobre necesidades humanas, intereses y convicciones. Al tratarse de un asunto con consecuencias directas en el bienestar humano y la cohesión social, la discusión no se limita al análisis de opciones informadas por el conocimiento técnico, es un tema esencialmente político. En esa perspectiva es altamente deseable que la combinación del entendimiento informado sobre el contexto social con el conocimiento técnico, los intereses en juego y la prospectiva sobre escenarios futuros (corto, mediano, largo plazo), culminen con un arreglo institucional sostenible para el sistema de pensiones.
Por Patricio Valdivieso
Académico
Como ocurre con otros asuntos de interés público, uno de los desafíos de la política de pensiones consiste en lograr el mayor grado de ajuste posible entre regulaciones, procedimientos, agentes involucrados y un escenario nacional complejo desde el punto de vista de las preferencias individuales, sociales y las incertidumbres. El contexto social chileno está siendo afectado por procesos el envejecimiento de la población, las migraciones internas e internacionales, las dinámicas medioambientales, el cambio institucional, cambios en los comportamientos de los mercados, y otras situaciones nuevas, no previsibles. Por ejemplo, las movilizaciones sociales del segundo semestre del 2019 tienen efectos en el comportamiento de los inversionistas, los mercados, el empleo y las perspectivas de crecimiento económico en la escala nacional, al igual que la pandemia del COVID-2019. Estas circunstancias debiesen inducir una revisión crítica y la actualización de supuestos sobre escenarios para los fondos de pensiones.
En la misma perspectiva, es altamente recomendable que la discusión tome en consideración el alto grado de heterogeneidad territorial dentro del país y los escenarios emergentes como consecuencia de las políticas públicas de descentralización de la última década. Las regiones y comunas chilenas difieren en cuanto a sus características geográficas, territoriales, dotación de recursos, población, comportamientos de los mercados, oportunidades y perspectivas de desarrollo. En estos contextos territoriales heterogéneos, las políticas públicas nacionales no tienen los mismos efectos en todas partes. Así lo demuestran las enormes brechas entre propósitos y resultados de numerosas políticas nacionales, por ejemplo, las políticas sociales o educacionales. Es importante que la discusión en torno al sistema de pensiones tome en cuenta esas realidades y al menos problematice: ¿Cuál podría ser el sistema de pensiones que mejor se ajuste con contextos territoriales y sociales diferenciados de las regiones chilenas? ¿Cuáles son los efectos probables que pueden tener las transformaciones institucionales relacionadas con las políticas de descentralización en los mercados de las pensiones en las regiones? ¿Cómo quiere participar la población en las regiones en el arreglo institucional de pensiones?
