Diputado Patricio Rosas | Archivo

D esde finales de la década de los noventa, luego del entusiasmo inicial abierto en los primeros años de la transición democrática, se ha venido instalando el diagnóstico que los procesos de aprendizaje que tienen lugar en el sistema escolar chileno se han estancado, y que la multiplicidad de políticas públicas emprendidas para mejorarlos ha resultado insuficiente como lo evidencian los resultados en las distintas pruebas estandarizadas. Esto es un fracaso del conjunto del sistema político.

  Estudia Administración Pública en la UACh    

Por Patricio Rosas
Diputado de la República

Con las movilizaciones estudiantiles en los años 2006 y 2011 la sociedad chilena cuestionó una estructura educativa elaborada en dictadura que entendía los procesos de mejora educativa como resultado de las mecánicas de competencia del mercado; esta estructura no mejoró los resultados educativos y, por el contrario, abrió una imponderable brecha de desigualdad. Las movilizaciones, también, evidenciaron una crítica a las «políticas compensatorias» impulsadas durante la transición, no era suficiente compensar a los sectores más pauperizados por la mercantilización de la educación, se requerían cambios estructurales. Esto, además, se ha expresado como un consenso en la sociedad chilena, hoy nadie defiende la educación municipal, la evidencia en contra es desproporcionada.

La última reforma educacional que impulsó las leyes de inclusión, de carrera profesional docente, y de desmunicipalización, generó una nueva institucionalidad para la educación parvularia que recogió los viejos anhelos de tener un sistema escolar de calidad e igualitario. Si bien, todavía queda pendiente una revisión crítica del sistema de aseguramiento de la calidad y la alta ponderación que tiene el SIMCE en este sistema, ya que varias voces han señalado que estos mecanismos de evaluación están generando culturas escolares donde se privilegia la concentración curricular y el adiestramiento en función del test, en vez de una educación integral.

La actual administración tiene la obligación de implementar correctamente este repertorio de leyes, que a la vez escenifican una respuesta posible a las legítimas demandas de la sociedad chilena. Las obstrucciones e improvisaciones mostradas en estos meses son inaceptables y merecen una profunda crítica de la opinión pública y una actitud contundente de parte del movimiento estudiantil.

Es importante recordar que en el año 2008 se acusó constitucionalmente a -la en ese entonces ministra- Yasna Provoste y, sin fundamentación jurídica suficiente fue destituida de su cargo. Ese día la política (con mayúsculas), y no el sector que la promovió, se empobreció. La batalla por la educación pública no se gana mediante una acusación constitucional y es precisamente el uso de esta herramienta, la que ha demostrado su ineficacia en relación a ese objetivo. Defender y promocionar la educación pública es un esfuerzo significativamente mayor y requiere de mejores compromisos. Estudiantes y profesores, cuenten en ese camino conmigo.