Por Álvaro Vargas
Candidato a Diputado
La seguridad comunal es otra área que sufrirá un fuerte recorte del 60% para el 2018, ya que el plan comunal de seguridad pública pasó de $13.820.000.000 este año 2017 a $5.418.733.000 el próximo 2018.
Este programa, que depende de la Subsecretaría de Prevención del Delito, contempla el traspaso de recursos a 74 comunas que concentran el 80% de los delitos. El Gobierno, en cambio, plantea financiarlo durante seis meses para después cerrarlo, justificando que el periodo de entrega de recursos era por solo tres años.
Esta decisión pasa a ser sorpresiva e insólita, que se destine cero peso a los planes de seguridad comunal, teniendo en consideración que en marzo de este año entró en vigencia la ley que regula los consejos comunales de seguridad pública, lo que facilita enormemente el trabajo entre fiscales alcaldes y policías.
A mi juicio, es un incumplimiento grave y flagrante de un compromiso presidencial y una debilidad de enfrentar a la delincuencia.
En su última cuenta pública, la Presidenta destacó que se ha tomado en serio “la lucha contra el delito”, privilegiando “los hechos por sobre las consignas”, porque “este es un tema con el que no se juega, y no es ético procurar ventajas políticas con la inseguridad de las personas”.
Pero queda en evidencia nuevamente que los compromisos son tomados en vano y solo quieren generar populismo sin tener un real interés por lo que necesita el país y en general todos los ciudadanos.
Cabe señalar que dicho presupuesto se verá aún más afectado por cuanto se deberá destinar 3000 millones de pesos a las víctimas en la región de la Araucanía.
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