Investigaciones instruidas por la actual Dirección Regional del Servicio de Salud destaparon ilícitos económicos en, hasta ahora, dos de los nueve recintos asistenciales de Los Ríos.
Las irregularidades financieras descubiertas en los hospitales de La Unión y Los Lagos llevaron al diputado Bernardo Berger (RN) a solicitar al subsecretario de Redes Asistenciales una «revisión profunda» en el manejo de los recursos hospitalarios.
Lo anterior, tras una serie de auditorías al funcionamiento de hospitales en Los Ríos, instruidas por el actual director del Servicio de Salud, Víctor Hugo Jaramillo, desde que asumió a mediados del año pasado, que han venido arrojando irregularidades graves en, hasta ahora, dos de ellos.
«En los hospitales de La Unión y de Los Lagos, hemos sido testigos de una serie de irregularidades cometidas por funcionarios que llevan tiempo, mediante acciones similares y que, aparentemente, tendrían ribetes de malversación de caudales públicos y fraude al Fisco».
Berger agregó que en ambos casos las medidas investigativas «han sido las oportunas, lo que habla bien del actuar diligente de la nueva Dirección del Servicio en esta materia; de no haberse efectuado las auditorías internas, estos hechos no se habrían detectado, y probablemente, seguirían ocurriendo a vista y paciencia».
Sin embargo, a juicio del legislador son «de tal gravedad estos hechos al descubierto, que le he pedido al subsecretario revisar la situación en el resto de los hospitales de la región y el país».
«Además -puntualizó Berger- le he solicitado (al subsecretario) agotar todas las acciones, incluyendo acudir al Consejo de Defensa del Estado y a los máximos Tribunales de Justicia, para cautelar la restitución de los recursos eventualmente desviados en los distintos casos ocurridos en mi región, pues en Salud, más que en cualquier otra materia, no podemos darnos el lujo de perder ni un solo peso».
Las irregularidades detectadas en los dos centros hospitalarios de la Región de Los Ríos se suman a una serie de otros casos ocurridos entre 2014 y 2018, tales como los gastos de difusión en el período del anterior Gobierno precisados por un informe reciente de la Contraloría, así como también el desvío de 70 millones de pesos del programa de fortalecimiento de la salud primaria que en 2015 fueron a parar a una actividad gremial, y que hoy es investigada por el Ministerio Público.
