La empresa no cede a la petición de los vecinos y ofrece al empadronamiento de los residentes como única medida de mitigación. Negociaciones se encuentran en punto muerto.

Vecinos de Choroico y alrededores, junto a autoridades comunales y provinciales, calificaron como infructuosa a la reunión que este miércoles sostuvieron en la Gobernación del Ranco junto a representantes de la Sociedad Concesionaria Ruta de Los Ríos S.A., quienes no ceden en su postura de mantener el cerco que restringe el acceso hacia localidades altamente pobladas.

El pesar de los residentes se sostiene en un escaso interés de la empresa por llegar a una solución favorable a los vecinos, que en la reunión estuvieron representados por Rosario Coronado y Rosa Salazar (presidentas de la Juntas de Vecinos de Choroico y Tronlico) como también por Marcos González (presidente del Consejo Comunal Mapuche de La Unión), quien anunció que tomarán medidas con la intención de forzar a un acuerdo favorable para los afectados.

«No llegamos a ningún resultado, la concesionaria no quiere perder plata, en el fondo es eso. Están diciendo que es por seguridad, pero no nos quieren dar ninguna solución. Lo que necesitamos es un camino alternativo, que nos abran 300 metros y así evitaríamos los supuestos problemas de seguridad. Tienen miedo a la evasión y no dan soluciones, por lo que tomaremos medidas en las próximas horas. El empadronamiento no es legal, además si esa barrera no les dio resultados hace un par de años, ¿por qué debería hacerlo ahora?»

Concesionaria ofrece al empadronamiento como única solución

De acuerdo a lo señalado por Felipe De la Maza, gerente de Explotación de Ruta de Los Ríos, el paso fue cerrado por motivos de seguridad, debido al alto retorno de camiones que podrían provocar accidentes, ofreciendo al empadronamiento (o recolección de datos) como medida de mitigación.

«(Los vecinos) informando su patente y el lugar donde viven, nosotros le abrimos el portón sin ningún tipo de inconveniente. Tendremos personal presente las 24 horas mientras logramos que los vecinos nos entreguen un listado con los residentes para nosotros, mediante cámaras, abrir mucho más rápido el cerco y seguir manteniendo el paso a los vecinos. Quienes no den sus datos, no podrán pasar por el portón».

De La Maza reiteró que como concesionaria mantendrán cerrado el paso, y que el empadronamiento es una alternativa para que los vecinos retornen sin pagar peaje, en una entrega de datos voluntaria «para no quedar expuestos a que lo use cualquier persona», señaló. Además, indicó que la calle de servicio ubicada a un costado del peaje «es un tramo concesionado que no existe en el proyecto original. Cualquier cambio debe pasar por el Ministerio de Obras Públicas».

Autoridades se cuadran con los vecinos

Las autoridades presentes en la reunión manifestaron su decepción por la postura de la concesionaria, como lo señaló el alcalde de La Unión, Aldo Pinuer, quien esperaba medidas concretas que dejen conformes a los vecinos, u otras medidas de mitigación. La primera autoridad comunal confesó que las negociaciones se encuentran en punto muerto.

«Son varias las reuniones realizadas y no se ha llegado a puerto. (…) veo muy difícil que se otorgue una respuesta que deje conforme a los vecinos, aun cuando hice un llamado a la concesionaria a ofrecer medidas de mitigación que realmente sirvan a los residentes. En el municipio estamos abiertos a ofrecer asesoría legal y jurídica si se requiere, porque creo que están vulnerando sus derechos. Los vecinos tienen un derecho histórico a ocupar ese camino, ¿y por qué ahora no? Esa es la duda que tenemos como autoridad».

El concejal Mario Cumián fue más allá, y esbozó la intención de informar de la situación al mismísimo presidente de la República, para elaborar un decreto supremo que otorgue una solución ante los requerimientos de los vecinos.

«Es bastante lamentable que la concesionaria tenga una opinión bastante sesgada del tema. Quienes somos parte del gobierno comunal nos preocupamos de que los vecinos no tengan solución, y como dijeron desde la concesionaria, la única forma de llegar a un acuerdo es que haya un decreto supremo del presidente de la República. Por lo tanto, como municipio y mediante nuestros parlamentarios, intentaremos llegar al presidente para explicarle el tema, llegar a un acuerdo y obtener una respuesta positiva lo antes posible.

Finalmente, el gobernador del Ranco, Alonso Pérez de Arce, destacó el rol de mediadores entre ambas partes que están realizando como representantes del Gobierno en la Provincia, haciendo un llamado al diálogo para intentar resolver las discrepancias.

«Logramos que la concesionaria y los vecinos se sienten en una misma mesa, con la intención de encontrar una solución al problema y escuchar a ambas partes para llegar a una solución. Sin embargo, esto último no fue posible, aun cuando hacemos un llamado al diálogo porque queremos que ambas posiciones convivan de buena forma. Recopilamos antecedentes que llevamos a la Seremi de Obras Públicas (Sandra Ili), quien se encuentra en Santiago, para hacer un análisis jurídico de la materia y elaborar una respuesta que sea entregada a la comunidad».