Egon Montecinos | Columnista noticiaslosrios.cl

E n las últimas semanas han resurgido opiniones en algunos medios de comunicación que, explícitamente o de manera soterrada, dejan entrever la inconveniencia de elegir gobernadores regionales el año 2020, insinuando posponerla. La razón que se argumenta es que la cohabitación entre el Delegado Presidencial Regional y el Gobernador será “una fuente inagotable de conflictos”, y que la falta de recursos y competencias que tendrá la nueva autoridad serían motivos suficientes para “esperar una debacle” o un nuevo transantiago. Existen a lo menos 2 razones que refutan esta tesis.

 
 

Por Egon Montecinos Montecinos
Doctor en Ciencia Política, Director del Centro de Estudios Regionales UACh y Académico del Instituto de Administración de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad Austral de Chile.

1.- La falacia de la “Fuente inagotable de conflictos”. Los grandes conflictos políticos en regiones no son generados por actores regionales, son producto de decisiones centralistas de inversión pública y privada, sin dialogo con la comunidad y diseñadas de arriba hacia abajo. Sólo un par de datos en esta materia. Según la Sofofa, hoy existen 117 conflictos en regiones asociados a inversiones públicas y privadas que equivalen a casi 58.000 millones de dólares que se encuentran detenidos y sin ejecución. ¿Por qué están detenidos? Por la falta de dialogo territorial con líderes y comunidades regionales, en definitiva, porque el Estado centralista falla en su estructura decisional para impulsar inversión pública y privada en regiones. Entonces, de existir una fuente inagotable de conflictos es el Estado centralista, el cual se relaciona directamente con una forma inconsulta de tomar decisiones, sin importar formas y estilos de vida territorial que predominan en regiones. La tesis correcta para este caso sería que no son ni serán las regiones las causantes de los conflictos políticos en Chile, más bien los procesos de descentralización política podrían contribuir a aminorarlos.

2.- Posponer la elección porque la autoridad regional será débil. Esta es la tesis más hipócrita de todas, dado que implica usar la precariedad de un cargo creado aparentemente débil, como argumento principal para anular su propia legitimidad democrática a través del voto popular. Si tomáramos en serio este argumento, deberíamos suprimir aquellas autoridades como Alcaldes Cores y Concejales que siendo electas al igual que el Gobernador Regional, no cuentan con todas las atribuciones y recursos para resolver los problemas de su comunidad. Sostener este argumento desde la élite santiaguina es relativamente fácil, dado que para resolver sus problemas estructurales y cotidianos no necesariamente requieren de alcaldes, concejales o cores, dado que conviven con el poder real en el territorio donde tienen a la mano ministros y presidente de la república, autoridades que son las que finalmente tienen las competencias y los recursos para resolver la mayoría de los problemas que aquejan al país.

Pero entonces, ¿por qué se sigue insistiendo en postergar las elecciones?, Básicamente porque la élite centralista que promueve esta alternativa ha errado el diagnóstico y como consecuencia en la solución. Casi por vocación la élite centralista explica mal los problemas de regiones y no se toma en serio las soluciones que ofrece. Este es un ejemplo de manual, dado que la élite centralista no logra comprender el nuevo entramado institucional regional, termina anunciando un caos institucional.

3.- Perfeccionar el proceso de implementación. ¿Cuál es el problema de fondo? No me concentraré en profundizar teorías de la conspiración, o en analizar las supuestas razones electorales de legisladores como elementos explicativos de lo anterior. Me concentraré en lo que creo que es el problema de fondo y que, efectivamente aún estamos a tiempo de resolver.

Para explicarlo en simple, hasta hoy la coordinación política a nivel regional la realiza una sola autoridad llamada Intendente Regional, a partir del 2021 recaerá en dos autoridades una designada y otra electa. De esta manera, el problema de fondo es que la nueva legislación (ley de transferencia y elección de gobernador), no contempló mecanismos regionales formales de coordinación intergubernamental, para que la nueva autoridad regional implemente bien su autonomía, y como consecuencia, las cosas se hagan mejor que bajo el sistema centralizado actual. Más competencias y recursos para el nivel regional en sí mismo, no solucionará los problemas que enfrentarán los nuevos gobernadores regionales, dado que tendrá que coordinarse inevitablemente en un mismo territorio con una autoridad regional designada con similares funciones y competencias.

Los problemas más graves que pueden terminan afectando a la comunidad regional, no serán los conflictos políticos que puedan ocurrir entre estas autoridades regionales, sino que serán los que se provocarán a raíz de la falta de coordinación y articulación de servicios a nivel regional que son vitales para el desarrollo territorial. De esta manera, se corre el riesgo de que predominen estilos de gestión asistencialistas con falta de visión integral del territorio, o quedar a expensas de voluntarismos o populismos regionales para coordinar servicios a escala regional. Esto, por cierto, no será una fuente inagotable de conflictos, estos problemas ya existen de alguna manera, lo que realmente habrá será el desafío de mejorar la gestión regional y coordinación institucional en el territorio.

No es momento de posturas extremas, es momento de asumir con responsabilidad lo que tenemos, y eso implica perfeccionar la actual legislación, especialmente en materia de garantizar un mínimo de coordinación intergubernamental para que se inicie un proceso de gobernanza territorial que pueda encaminarse a consolidar la anhelada descentralización política.