Luego de una denuncia interpuesta por el concejal Mario Cumián y por un particular bajo resguardo de identidad, la Contraloría General de la República detectó una serie de irregularidades, tanto en el uso de un inmueble ubicado en dependencias del liceo Rector Abdón Andrade Coloma, como en el cobro de cuotas que exceden el aporte voluntario que puede realizar un apoderado, en el marco de las actividades educativas de cada alumno.
Según versa el documento emitido por la Contraloría General de la República a inicios del presente mes, se comprobó una denuncia que daba cuenta del uso para fines particulares de un inmueble fiscal ubicado a un costado del liceo Rector Abdón Andrade Coloma de La Unión, el cual durante gran parte de 2018 e inicios de 2019, fue utilizado bajo autorización del alcalde Aldo Pinuer para desarrollar las operaciones financieras de la Cooperativa de Servicios de Préstamos Solidarios de los Trabajadores de la Educación de La Unión Ltda. (CABITELU), de la cual en ese entonces era presidente el rector del establecimiento, Eduardo Toneatti.
Al respecto, la Contraloría cuestionó el uso de este inmueble para fines particulares, dado que la normativa vigente delimita la utilización de estos espacios sólo para fines relacionados a la labor educativa de cada establecimiento. Por ello, el órgano contralor ordenó al municipio que e los sucesivo se abstenga de otorgar estos espacios a entidades o personas particulares.
Cobros a padres y apoderados
Otra de las irregularidades denunciadas y verificadas por la entidad fiscalizadora, fue el cobro que se aplicó durante 2018 a apoderados del primer y segundo nivel del área Científico Humanista del establecimiento. Según comprobó documentalmente la Contraloría en entrevistas con apoderados, al momento de realizar la respectiva matrícula se les requirió el pago de 10 mil pesos para gastos internos relativos a la compra de leña más un cobro anual de 40 mil pesos, destinado a realizar visitas a planteles de educación superior de la región; paralelamente, se detectó otro cobro de 10 mil pesos por participar de actividades de reforzamiento académico para alumnos de cuarto medio.
Lo anterior contraviene la Ley de Inclusión Escolar que elimina el financiamiento compartido y prohíbe el lucro en establecimientos educacionales que reciben aportes del Estado, de acuerdo al Titulo 1 del Decreto con Fuerza de Ley No. 2 de 1998.
Cabe precisar que, aunque la normativa autoriza que los padres realicen aportes voluntarios a los centros de apoderados de cada establecimiento, este no puede superar media Unidad Tributaria Mensual, es decir, unos 26 mil pesos. Asimismo, no se pueden establecer cobros por actividades propias del proyecto y labor educativa del recinto educacional, como lo es el reforzamiento académico o las visitas a instituciones de educación superior.
Ante esta situación, la Contraloría señala que será la autoridad municipal, quien deba instruir un procedimiento sumarial, con el objetivo de determinar eventuales responsabilidades administrativas, procedimiento que deberá ser informado oportunamente al órgano contralor para el respectivo seguimiento.
Denunciante
Mario Cumián, concejal de la comuna de La Unión, señaló estar conforme con lo resuelto por la Contraloría. «Esta es sólo una de las tantas consultas que hemos realizado a esta entidad de fiscalización; la ciudadanía exige un mayor estándar de transparencia y creemos que es la forma de resolver estas controversias. Estamos haciendo una fiscalización seria de la labor administrativa del municipio», indicó.
