Por Ramón Rubio
Rector CFT Estatal de Los Ríos
El ejecutivo, en el marco de propuestas para modernizar la legislación laboral, ha planteado un mecanismo para reemplazar la indemnización por años de servicio, sugiriendo a cambio, un sistema de pago a todo evento, propuesta que ha generado controversia en la Central Unitaria de Trabajadores y sectores de la oposición.
De acuerdo al Informe Doing Business 2014 del Banco Mundial, Chile es el país OCDE con mayores costos al momento de despedir un trabajador, fluctúa entre 4,3 y 23,1 semanas de salario dependiendo de la antigüedad laboral, que comparado con países como EE.UU., Finlandia, Suiza, Holanda o Japón, que son cero, nos invita al menos a revisar esta situación.
No quisiera cometer el error de analizar esta situación sin ver el contexto adecuadamente, ya que el énfasis de éste análisis tiene que ver con el mejor camino para mejorar la eficiencia, productividad y competitividad de nuestro país, sin perder de vista las condiciones de desigualdad y la aspiración a una mejor calidad de vida.
El nivel de beneficio social o subsidios al cual un trabajador desempleado puede acceder, también es diverso en cada uno de los países OCDE. En éste ámbito Chile tiene un índice de Gini de 50,8, lejos de países como los comparados anteriormente. Alemania, por ejemplo, no superan los 30 puntos (El índice mientras más cerca de cero es mayor la equidad del País)
En consecuencia, podríamos entender que la reducción de beneficios a los trabajadores, sin el acompañamiento de transferencias por condición de desempleo, podría implicar mayores índices de desigualdad por la ausencia de ingresos para mantener los estándares de vida. Sin embargo, la pérdida de competitividad de nuestra producción tiene consecuencias importantes en el mediano plazo, ya que los crecientes costo de mano de obra, por escasez o incremento en los beneficios laborales, podrían restar la posibilidad de acceder a más mercados, por un mayor precio de nuestros productos, aumentado gradualmente los índices de desempleo.
En opinión de algunos, que creemos que la indemnización por años de servicios genera incentivos perversos, tanto a empleadores como para trabajadores, discutir este aspecto de la normativa laboral es fundamental para mejorar las relaciones laborales y la productividad.
El promedio de antigüedad laboral en Chile está en torno a los 7 años, por lo tanto, pensar en reducir la cantidad de años topes de indemnización y no rebajar el “Mes por año”, a cambio de que sea “a todo evento”, permitiría premiar el buen desempeño de quienes no se van por factores “negativos”. Por otra parte, incentivaría a los empleadores a crear mejores condiciones laborales para reducir la rotación y permitiría tener certeza de los costos reales de personal, por la posibilidad de provisionar los costos futuros de indemnización, todas las anteriores, son razones suficientes para iniciar el debate.
La actual propuesta del ejecutivo plantea la reducción de 0,5 mes por cada año con tope de 11 años, en la línea de lo que sucede en España, uno de los países con costos más altos por despido de la Unión Europea, donde corresponde a 20 días por año de servicios con tope de 12 años.
Evidentemente, los niveles de renta son una variable para considerar, pues algunos legítimamente plantearán que, si los salarios son bajos, una forma de compensarlo es a través de la indemnización por años de servicio. En ese sentido, de acuerdo a “Estudios económicos de la OCDE Chile 2018”, la reducción de los costos por indemnización debería empujar al alza los salarios promedios y la capacitación de los trabajadores, apuntando a reducir las importantes brechas de productividad de nuestro país, en comparación a los demás miembros.
Según el mismo organismo en su reporte de perspectivas de empleo 2018, Chile presenta un ingreso promedio por hora de 6,5 dólares, bajo el promedio OCDE de 16,8 y sobre Colombia (U$2,0), Brasil (U$2,3), Argentina (U$3,7), Costa Rica (U$3,0) y México (U$4,6), por mencionar algunos países latinoamericanos.
Intentar tener resultados diferentes, haciendo las cosas de la misma manera, una y otra vez, es evidentemente una locura y desde esa perspectiva es atendible la necesidad de discutir la modernización de la legislación laboral, como impulso para mejorar los índices de productividad, pero ello nos obliga a poner sobre la mesa otras discusiones importantes como, teletrabajo, flexibilidad horaria, protección de la maternidad, reducción de jornada laboral, participación de los trabajadores en directorios, etc. Todas ellas discusiones áridas, pero que abordándolas de a una, en una agenda país con foco a la construcción de una política de estado podría llevarnos a superar las dificultades que nos alejan del tan ansiado desarrollo.
