Experto propone que esté integrada por el Gobernador Regional electo, el Delegado Presidencial Regional y los Consejeros Regionales. Para concretarse, solo bastaría la voluntad política de los 16 Consejos Regionales del País.

A partir del año 2020, Chile comenzará a experimentar un inédito proceso de descentralización política, el cual se reflejará principalmente en la elección de Gobernadores Regionales y en la designación de los Delegados Presidenciales Regionales desde el Gobierno Central.

El proceso promete ventajas múltiples como el otorgar legitimidad democrática a los gobiernos regionales, junto con brindar mayor sostenibilidad y estabilidad a la planificación regional, además de salir del grupo de países que no eligen a sus autoridades de nivel regional.

Sin embargo, también se avizoran «zonas grises» en el trabajo entre las dos nuevas autoridades regionales: al compartir ámbitos de acción se presentarán problemas de coordinación entre los representantes, creando múltiples relaciones políticas distintas a las actuales, como lo ejemplificó el Doctor en Ciencia Política, Egon Montecinos.

“Las relaciones intergubernamentales en la actualidad se dan entre municipios, gobiernos regionales y ministerios, existiendo claridad política y ciudadana de que es el intendente quien coordina los servicios públicos a nivel regional. A partir del año 2020 las nuevas relaciones intergubernamentales serán entre municipios, gobierno regional, delegación regional y ministerios. Las combinaciones posibles a partir de la intensidad de las afinidades entre las y los líderes políticos que ocupen estos cargos a nivel regional, serán variadas y para todos los gustos”, plantea el experto del Centro de Estudios Regionales de la Universidad Austral de Chile.

Comisión de apoyo para prever posibles conflictos internos

Montecinos señaló que, ante este escenario, una posible solución al choque entre las dos nuevas autoridades es la creación de una «Comisión de Coordinación Política Regional», la cual estaría integrada de forma permanente por el Gobernador Regional, el Delegado Presidencial Regional y los Consejeros Regionales.

“En la actual legislación aprobada, no existe una instancia de coordinación política a escala regional, no obstante, la principal institución donde debiera estar esta responsabilidad es en el Consejo Regional. En esta instancia debiera recaer, al menos en la primera parte de nuestro proceso de descentralización, la responsabilidad de garantizar una mínima coordinación política de los servicios públicos presentes en cada una de las regiones”, afirmó. 

El académico detalló que para concretar la idea sólo bastaría la voluntad política de los 16 Consejos Regionales del país, sin la necesidad de una ‘ley corta’ o de una modificación a la legislación recientemente aprobada, dado que la Ley 19.175 de Gobiernos Regionales, en su artículo 36, inciso A, faculta al Consejo Regional para “aprobar el reglamento que regula su funcionamiento en el que se podrá contemplar la existencia de diversas comisiones de trabajo”.

La iniciativa busca reducir el impacto negativo que pueden generar ante la ciudadanía posibles problemas de coordinación -a escala territorial- de las nuevas autoridades políticas, junto con comprimir la sensación de que la descentralización política se transformará en “un proceso en el cual las cosas se hagan peor que antes”, produciendo la impresión de que no valió la pena elegir autoridades regionales.