No obstante, no dejaron de criticar la demora de la Justica, sobre un caso que se dio a conocer en 2015.
Una mezcla de satisfacción y cierta molestia generó entre dirigentes sociales la noticia de la formalización a funcionarios de la Celulosa Arauco por derrame de licor verde en el río Cruces, ocurrido en 2015, lo que generó la muerte de unos mil peces y quemaduras a algunos bañistas.
«Celebramos que se está haciendo justicia, sin privilegios para grandes empresas y ejecutivos, porque suponemos que todos somos iguales ante la ley. Pero igualmente aprovechamos de hacer una crítica de la tardanza de la justicia. No entendemos cómo tardó tanto la investigación para ver si hubo un daño ambiental», comentó Cristian Astudillo, presidente de la Comunidad Indígena Rucahue Ilaleufu, que tuvo varios miembros como afectados, quienes entablaron demandas contra la empresa, que es parte del Grupo Angelini.
«Si esto (la formalización) se hubiese dado en 2004, con la primera contaminación que provocó el gran desastre de la muerte de cisnes en el humedal del río Cruces, Arauco hubiera tenido otra actitud para modificar sus tecnologías para evitar el daño ambiental. Aunque también hay una corresponsabilidad de las autoridades que fiscalizan a Arauco», añadió Ximena Rosales, vocera del Movimiento Ciudadano Acción por los Cisnes, entidad que denunció el hecho a la Superintendencia de Medioambiente.
Desde el Observatorio Ciudadano, José Araya comentó que es una buena noticia, «por fin el sistema penal se pronuncia sobre la contaminación de esta empresa y con esto se reafirma también la sanción de la Superintendencia, que debe resolver el Tribunal Ambiental en Valdivia. Pero es una mala noticia si pensamos en el medio ambiente y los derechos de las comunidades locales, expuestas a los efectos directos de la operación de la planta, ya que este caso reafirma que es un riesgo permanente».
El próximo 14 de enero se realizará la Audiencia de Formalización en el Juzgado de Garantía de Mariquina, para dirimir si este caso será una mancha más en el «prontuario» de una de las empresas que más ha dañado el ecosistema de la Región de Los Ríos.
