Por Camilo Gómez
Columnista noticiaslosrios.cl

Niños intoxicados, colegios cerrados y el territorio de Quintero y Puchuncaví enfurecido por el escandaloso escenario de contaminación y falta de medidas proactivas frente a las legítimas demandas de una ciudadanía que se encuentra angustiada por niveles de toxicidad en el ambiente extremadamente nocivos y cuya frustración no distingue entre autoridades y periodistas, puesto que su demanda por soluciones no requiere ni los discursos de los primeros ni las cámaras de los segundos.

No obstante esta dramática situación, los hechos ponen en evidencia un concepto muchas veces desconcertante como lo es el de “zona de sacrificio”, que, según fundación Oceana “refleja aquellos lugares que concentran una gran cantidad de industrias contaminantes, afectando siempre a aquellas comunidades más pobres o vulnerables”. En otras palabras, son espacios en los que se acepta y asume una situación de explotación desbordada y abandono, desprovisto de protección ambiental real, lo que no solo habla del espacio geográfico y su medioambiente sino que también, aunque parezca obvio, de las personas que viven allí.

En nuestro país, existen cuatro grandes zonas de sacrificio que podríamos denominar representantes principales del fenómeno: Tocopilla/Mejillones (Región de Antofagasta), Huasco (Región de Atacama), Puchuncaví-Quintero (Región de Valparaíso) y Coronel (Región del Bío Bío), y son espacios en que el Estado, como garante del cumplimiento de los derechos consagrados en la Constitución Política de la República, se encuentra ausente.

Nuestra carta fundamental, en el artículo 19 Número 8 señala que La Constitución “asegura a todas las personas el derecho a vivir en un medioambiente libre de contaminación”. Y si bien la experiencia nos ha enseñado que es imposible vivir totalmente a salvo de agentes contaminantes en el entorno, por lo menos de este artículo se desprende que se deben establecer límites a los contaminantes que se producen por la acción del hombre y que superando estos límites, se debe actuar a través de sanciones que retornen el medioambiente al estado óptimo para la vida de los habitantes.

Que se tolere la presencia de estas zonas de sacrificio, pone en evidencia la existencia de personas de primera y segunda categoría, siendo estos últimos relegados a pagar con su integridad física los costos del desarrollo y la bonanza económica que favorecen a otros. Viviendo estas personas con graves secuelas de la exposición a los contaminantes, pero que, por el hecho de ser a través de procesos lentos, no se logra determinar a tiempo las causas, ni evitar las consecuencias, se vuelven invisibles. En otras palabras, ni la Constitución, ni el Estado, asegura a estas personas el vivir en un ambiente libre de contaminación y lo que es peor, las dispone cual corderos de sacrificio, en el altar del crecimiento económico.

Lo anterior genera desconfianza de parte de los ciudadanos cuando se presentan situaciones de contaminación que no parecen ser tratadas con la suficiente firmeza y eficacia, como el caso de las salmoneras en la Región de Los Lagos o los derrames de distintas industrias a los ríos de nuestra propia región, basta recordar la situación valdiviana con la Celulosa Arauco y la muerte de cientos de cisnes de cuello negro, que daban cuenta del nivel de toxicidad en las aguas del Río Cruces. Así, dado que cada vez que la industria promete desarrollo, puestos de trabajo e impuestos, parece venir acompañada de una letra chica, que a vista de lupa describe un costo traducido en contaminación en el territorio, trabajos precarios e impuestos que se pagan en la capital de nuestro país, quedándose los territorios únicamente con las llamadas “externalidad negativas” que traducidas son: erosión y sequía por la industria forestal, muerte del lecho marino por la industria pesquera o en el caso de Quintero-Puchucaví, niveles obscenos de contaminación atmosférica por las refinerías de la zona.

De esta falta de garantías y la industrialización con “sorpresa”, surge una reticencia permanente a los proyectos que pudieren afectar el medioambiente, principalmente por una participación ciudadana disminuida en procesos consultivos que no siempre son transparentes. Un ejemplo de esta resistencia a los proyectos, fue la manifestación realizada hace unos días en la ciudad de Valdivia, a propósito de la votación de la concesión que permitiría la construcción de un puerto en la bahía de Corral, por parte de un consorcio de inversiones Chino, proyecto que sin ser negativo per se, ha levantado la suspicacia en muchos grupos de activistas, pescadores y vecinos que han decidido manifestarse en contra del mismo mientras no se tenga una clara información sobre los aspectos económicos y medioambientales implicados a la inversión.

De todo lo anterior debemos rescatar un par de comentarios finales. El primero, es que no podemos despojar arbitrariamente a parte de nuestros ciudadanos de sus garantías fundamentales, como lo es la vida, la integridad física y psíquica debido al progreso, suena lógico, pero debemos dejar de asumir como un daño colateral que ciudades enteras deban cargar con las consecuencias de una mala política ambiental y una gestión industrial desprovista de responsabilidad social. Y segundo, que no es cierto que el desarrollo económico de nuestro país esté necesariamente supeditado a sacrificar medioambientalmente nuestro territorio, puesto que la situación mundial que se desprende de los niveles de contaminación desatados por todo el planeta, ha mostrado nuevos modelos productivos y formas de crecimiento sustentable de la industria, respetuosos con la naturaleza y las personas. Modelos que deben ser la aspiración del país que queremos construir debido a que nuestra principal riqueza son nuestros vastos recursos naturales y por ello, se debe eliminar la gran falacia de que por un divino azar, o la naturaleza propia de nuestra economía, en el baile de los que sobran, deban existir niños desmayados en sus salas de clases o ciudades enteras condenadas a ser los vertederos de Chile.