Chile no puede seguir eludiendo el problema de las migraciones. El explosivo aumento de extranjeros la última década ha rebalsado la capacidad de respuesta del Estado ante una realidad que llegó para quedarse y que seguirá agudizándose.

Las cifras oficiales indican que a marzo de 2017 los extranjeros en Chile eran 600 mil. Pero basta una rápida ojeada a nuestras ciudades para saber que la verdadera cantidad es aún mucho mayor.

El problema específico se radica en una parte de la población extranjera, la que vive ilegalmente. Ello ha traído una serie de impactos negativos que han terminado afectando al propio extranjero, forzado a vivir de manera precaria, en condiciones infrahumanas.

Son varios los problemas evidentes desde el Estado para responder a esta realidad: una Ley de Migración obsoleta, que data de 1975; un sistema de extranjería superado para atender, fiscalizar y regular la demanda; y lo más grave: la incierta cantidad de indocumentados al interior del territorio, respecto de los cuales existe nulo control, menos aún la posibilidad de atender mediante un sistema de protección social y sanitario- que garantice el mínimo de condiciones de dignidad y seguridad.

Durante los pasados cuatros años de gobierno de la Nueva Mayoría, fueron múltiples los anuncios de legislar, pero la verdad es que no se avanzó ni un ápice.

Por eso celebro la agilidad con que el Presidente Piñera ha puesto en movimiento una serie de medidas, entre ellas el próximo envío de un proyecto sobre política migratoria, propuesta cuyo contenido futuro que ya hemos empezado a evaluar entre las bancadas de ChileVamos este lunes con la Subsecretaría de Interior.

También me parece correcta la idea de iniciar un proceso de regularización extraordinario de inmigrantes. Se trata de una especie de “perdonazo” para quienes están de forma ilegal en nuestro país, para que puedan ordenar su situación. Se aplicó algo similar en 1998 y en 2007, y permitió regularizar a 68 mil extranjeros.

Finalmente, es urgente una unidad con reales atribuciones y capacidad instalada. De ahí que el anuncio para establecer el Servicio Nacional de Migraciones dentro de los próximos 30 meses complementa las medidas anteriores y dará operatividad a la política anunciada por el Ejecutivo esta semana.

Bernardo Berger Fett
Diputado

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