Por Patricio Contreras
En la agenda pública, el trabajo – por lo general – centra su foco de atención en la cantidad, técnicamente en la tasa de desempleo, quedando relegado a un segundo plano un componente fundamental: la calidad del trabajo. En otras palabras, elementos como la dignidad del trabajador, el ingreso justo, la protección social o seguridad en el lugar de trabajo; pareciesen ser banderas poco visibles de una baja población sindicalizada. Finalmente, todo lo relacionado al “trabajo decente” es una cuestión de costos y para la vereda empresarial mayores costos atentan contra la inversión, sin inversión no hay trabajo y así sucesivamente, castigando siempre al del último peldaño, ese siempre se lleva la peor parte.
Esta relegada discusión (trabajo decente) parece muy propia del sector privado, pero no es ajena al sector público, aquí el último peldaño lo ocupan los trabajadores honorarios del Estado. Y no me refiero a quienes realizan labores ocasionales, productos específicos o roles de asesoría de confianza, los denominados “operadores políticos”, me refiero a personas que tiene subordinación y dependencia en la estructura institucional, que cumplen jornada con presencia física en las oficinas, desarrollando las mismas labores, compartiendo los mismos espacios y oficinas con trabajadores de planta o contrata, pero que a diferencia de ellos no gozan de los mismos derechos laborales incluso teniendo el mismo empleador. Para el estatuto administrativo, los honorarios no son funcionarios públicos, cuando en la práctica si lo son, al punto que es acreditable a ojos de la justicia, la cual se ha pronunciado en innumerables fallos judiciales (en todas sus instancias) que existe vínculo laboral entre el Estado de Chile y estos trabajadores, vale decir, el Poder Judicial ha hecho justicia con los trabajadores a honorarios en el sector público, los reconoce como tal y ha obligado al Estado a cumplir la ley en sus obligaciones fundamentales como empleador. Como resultado, el Estado pierde los juicios y paga millonarias indemnizaciones.
Saco a colación el tema, por los miles de trabajadores honorarios del Estado que hoy protestan en el país por la entrada en vigencia de la cotización obligatoria a contar de este año. No es un asunto cosmético: ¿Qué haría Usted si de pronto, aparte del 10% de retención legal de su sueldo le descuentan otros 20% (AFP+Salud) o un 25% como lo contempla el proyecto de ley de horro colectivo? ¿Qué haría usted si el día de mañana percibe un sueldo más bajo que el que ya tenía? Usted podría pensar que es necesario cotizar para la vejez, qué duda cabe de ello, pero obligar a cotizar -en un sistema previsional que no garantiza pensiones dignas- a trabajadores supuestamente independientes, es decir, trabajadores sin derechos pero con obligaciones, abunda la contradicción.
Alguien tiene que ganar; las AFP son los más felices y ansiosos con el ingreso de estos nuevos clientes al sistema, más dineros para la especulación financiera y más comisiones de administración. Alguien tiene que perder; en este caso, los trabajadores a honorarios del Estado que además de todas las precariedades, deberán asumir que mientras no se cambie sustancialmente el sistema previsional, su vejez será acompañada de una insignificante pensión.
Por último, solidarizar con la justa causa de los trabajadores honorarios del Estado: Reconocimiento Laboral y suspensión de la entrada en vigencia de la cotización obligatoria. Ambas acciones, abordadas mediante una mesa interministerial que busque soluciones al trabajo precario al interior del Estado.
Y por supuesto NO+AFP.
