Por Pedro Barrera

Se trata de un monumento que no supera los dos metros cuadrados, instalado durante la tarde del día miércoles en Calle Manuel Montt de nuestra ciudad. Representa lo que parece ser un libro abierto, montado sobre dos pequeñas columnas y que según organismos oficiales tiene como objetivo celebrar y conmemorar los quinientos años de la Reforma Protestante, además de un homenaje a las iglesias y su aporte a la sociedad.

Más allá de las opiniones de apoyo o rechazo que la iniciativa pueda generar, es necesario plantear ciertas reflexiones técnicas sobre un tópico que suele despertar pasiones muy viscerales. Nos referimos, por supuesto,  al grado de legitimidad, de validez y de utilidad pública que una decisión como esta tiene en el ámbito local y su relación con cuestiones como la libertad religiosa, la laicidad del Estado, y la igualdad.

La primera de ellas tiene que ver con que si bien tanto la Constitución como las leyes protegen la libertad religiosa, debe entenderse que tal derecho tiene un marco jurídico en el que debe ejercerse.

Así, el principio jurídico de laicidad del Estado exige al poder político un papel neutral, objetivo y secular respecto de lo religioso. Ello implica velar porque sus actos sean igualitarios, sin discriminación ni privilegios religiosos, garantizando la no intromisión  de cualquier credo, fe o religión en cuestiones públicas.

De esta manera, lógicamente aparecen preguntas sobre la decisión municipal, pues se trata de un reconocimiento hecho desde la autoridad pública con fondos municipales, que solo atiende a un sector de la población –la evangélica- haciendo uso de un espacio también público.

Resulta al menos revisable la actitud de la autoridad comunal debido a que podría considerarse un acto de financiamiento a la difusión de una religión en particular, lo que contradice no solo el principio de laicidad sino también los de igualdad, tolerancia y secularismo.

Sin dejar de lado el costo del monumento -que debe ser siempre controlado- lo complejo es el mensaje político que se entrega con un acto como este, ya que podría interpretarse como una estrategia política o una retribución orientada a la obtención de respaldo por parte de una comunidad religiosa. Así, parece ser que el beneficio del reconocimiento no es comunal, ni general, ni propio del bien común, sino solo para un grupo que aunque numeroso y respetable no constituye toda la comunidad unionina.

Desde otra perspectiva, resulta también polémico el nivel de utilidad pública del mismo monumento. No se trata de una obra social, ni de una construcción que reporte a la comunidad unionina mayor desarrollo. Además, tampoco es seguro que la sola instalación de un monolito responda a los requerimientos de la comunidad protestante. Es más bien una obra pasiva, tan inocua como inútil, y por lo mismo, su justificación debiese ser al menos revisada y explicada, como también debe serlo el proceso de la toma de esta decisión.

Naturalmente, el reconocimiento a una comunidad en específico no tiene nada de malo, no es por sí misma una actividad reprochable en la medida que sea igualitaria, neutra y respetuosa de toda la comunidad. No obstante, cuando dicho reconocimiento supone la inversión de los siempre escasos fondos públicos, y puede interpretarse como la promoción de un determinado credo, fe o religión, en atención al riesgo  la ley nos obliga a preguntarnos si se está cumpliendo con sus parámetros.

Por último, no se trata aquí de generar animadversión, ni de fomentar el odio, ni generar enojo contra ningún grupo o credo, sino motivar a los lectores a discutir tanto en instancias públicas como privadas los fundamentos de las decisiones públicas, sus objetivos, su alcance y su justificación racional y política. Y por sobre todo, entender que hay dimensiones en las que la religión no puede ingresar y que lo público nos pertenece a todos. Como lo explicó con lucidez el propio Jesús de Nazaret: hay que dar al César lo que es del César, a Dios lo que es de Dios.