Por Pedro Barrera
Columnista: #MundoCrítico #NoticiasLosRíos
El día viernes, desde el Salón Montt Varas del Palacio de La Moneda, Michelle Bachelet dio a conocer las principales medidas del denominado Plan de Reconocimiento y Desarrollo de La Araucanía. Un conjunto de medidas que el Gobierno pretende adoptar para enfrentar la histórica problemática de la Araucanía y los pueblos originarios. En su discurso la Mandataria destacó «hoy queremos dar un paso decisivo para enfrentar la historia de desencuentro de siglos en la Región de La Araucanía», no sin antes twittear “Como Presidenta de la República, pido humildemente perdón al Pueblo Mapuche y a las víctimas de la violencia rural. Hemos fallado como país.” La relevancia de este episodio es tal, que incluso Silvia Rucks, coordinadora residente de la ONU, calificó este hecho como “histórico”, valorando la importancia del que es el primer pronunciamiento estatal reconociendo el paupérrimo papel del Estado en materia de pueblos originarios, desde los memorables dichos que le costaron la intendencia a Francisco Huenchumilla.
Ahora, podrá criticarse el oportunismo o el retraso en la medida, podrá valorarse comunicacionalmente como un avance o simplemente como otro de los tantos intentos por acumular popularidad para un sector político en época de elecciones. Sin embargo, este gesto político pone sobre la mesa una cuestión trascendental: volver la vista hacia la política como el mecanismo de resolución de los problemas sociales. Sin embargo, al reconocer la dimensión política del tema Araucanía surge una duda bastante compleja, la de si verdaderamente tienen o no los políticos nacionales la capacidad para enfrentarlo.
Y es que la honda crisis del sistema político nacional ha expuesto un vergonzoso diagnóstico, la incapacidad de hacer política. Buena política. Esa política que tiene la mínima decencia de estudiar en profundidad los tópicos antes de pretender resolverlos o de siquiera pronunciarse, una política que no simplifica las problemáticas reduciéndolas o a delincuencia o a economía. Nuestros representantes, sin distinción partidista, han caído por una triste pendiente de terquedad e ignorancia que es inverosímil. Episodios innumerables han retratado la mediocridad desde la que se han pretendido tratar los múltiples temas país, y por supuesto la problemática de los pueblos originarios.
Hemos visto cómo se ha intentado aplicar la absolutamente deslegitimada Ley Antiterrorista a diestra y siniestra, hemos asistido a la negación de la nación mapuche por años, hemos visto al Estado reprimir comunidades enteras, lo hemos visto hacer crecer un estigma prejuicioso sobre la zona de conflicto y las personas que allí viven, hemos visto cómo se ha agudizado la violencia y el descontento, todo por la inoperancia de la clase política al aplicar la que es la más antigua, esencial, tradicional y urgente de sus labores: el diálogo. Esta carencia de labor política es generalizada, tanto del actual gobierno, como de los por los parlamentarios e incluso la oposición, que no hace más que repetir un mantra esquizoide demonizando las exigencias mapuches calificándolas delincuencialmente. Muestra de esto, han sido los dichos de sus propios precandidatos presidenciales.
La Araucanía es hoy un tema país, un desafío que implica ampliar nuestra comprensión de lo que entendemos por Estado, salir de la noción decimonónica de Estado unitario que nos fue implantada por la tradición española y avanzar hacia el reconocimiento del multiculturalismo y el diálogo interétnico. Dejar de reducir los problemas sociales a dinero y delincuencia, modernizar y dignificar la labor política aplicando los principios clásicos de diálogo, comprensión y participación sin coartarlos con esa obsesión por el poder que ha secuestrado y limitado las discusiones en nuestro país. Es imperioso reivindicar una comprensión seria de la labor política en materia de pueblos originarios, ampliar nuestro acervo cultural, abandonar nacionalismos añejos y entender que venimos de -y convivimos con- un pueblo que culturalmente nos enriquece, que es nuestro. Urge entender que la violencia se produce por la incapacidad de dialogar, y que esa es una falencia mutua, generalizada, social. Que la intransigencia, antes que todo, ha sido estatal. No podemos, como país, seguir profundizando esa incapacidad política, enviando un mensaje confuso y pasivo-agresivo, intimidando y luego valorando, violentando y luego llamando al diálogo. Se requiere un ideario, una ruta país, que escape a las presiones electorales y funcione como un eje sobre el cual conversar, y ese eje es y debe ser el reconocimiento de la inoperancia histórica del Estado chileno frente a los pueblos originarios.
En resumen, el plan Araucanía supone un avance en cuanto gesto político al reposicionar la temática como una cuestión pública, estatal. Por supuesto, los anuncios no dan para destapar champaña y el conflicto seguirá su curso, sobre todo mientras no se lo arranque de la prensa roja y se tome en serio su complejidad sociológica, histórica y antropológica. Lo preocupante es cómo habremos de caminar hacia ese norte si la clase política no responde a los estándares mínimos que su labor exige.
