La situación fue informada por la actual abogada asesora del municipio, Isabel Gantz Margulis, en la sesión ordinaria de concejo municipal realizada ayer miércoles en Champel.
Álvaro Jaramillo, asesor jurídico del municipio hasta diciembre del año 2016, interpuso una millonaria demanda laboral contra la Municipalidad de La Unión, argumentando que sus servicios correspondían a los de un trabajador y no a los de un prestador de servicios profesionales.
Según consta en el documento disponible en la página del Poder Judicial, en su demanda, Jaramillo argumenta que fue despedido de forma injustificada tras asumir la nueva administración liderada por el alcalde Aldo Pinuer Solís. «Es del caso que comencé a prestar servicios bajo subordinación y dependencia a favor de la Ilustre Municipalidad de La Unión, a partir del 7 de diciembre de 2012, mediante múltiples contratos de honorarios, pero que en la realidad eran contratos de trabajo (…) dicho empleo era evidentemente estable, permanente e indispensable en la organización jerárquica de la Municipalidad de La Unión. Durante todo el periodo de vigencia de mi relación laboral, mi trabajo estuvo sujeto a la subordinación y dependencia de mis superiores, ya que existía un poder de mando al cual debía obediencia (…) el día 30 de diciembre pasado, se me comunicó informalmente por parte de la Sra. Administradora Municipal, que mi contrato duraría hasta el 31 de diciembre de ese año y que asumiría otra abogado a ejercer el trabajo que hasta ese entonces yo desempeñaba. En este orden de cosas, luego de las cuatro renovaciones de mi contratación, se extrae que me mantuve prestando servicios personales en labores permanentes para el municipio de La Unión por un lapso de cuatro años en forma ininterrumpida», señala parte del escrito.
«Las labores prestadas por mi persona fueron habituales en la Municipalidad, tampoco se trató de cometidos específicos, ni mucho menos los servicios que presté al municipio de La Unión se pueden catalogar de transitorios y temporales, puesto que como se acreditará en el estadio procesal correspondiente, mi relación con mi ex empleadora la Ilustre Municipalidad de La Unión, se llevó a cabo fuera del marco legal que establece el artículo 4 de la ley Nº 18.883, siendo aplicable en este caso la norma común y general de derecho laboral, y el código del trabajo en toda su extensión», indica el documento.
En total, la suma fija de la demanda supera los 26 millones de pesos, más cotizaciones previsionales del período 2012 – 2016; cotizaciones de salud de FONASA; Las remuneraciones que se devenguen desde la fecha del despido hasta la convalidación del mismo, a razón de $3.343.112 mensuales; más intereses, reajustes y costas.
Consultado por Noticias Los Ríos, el profesional afirmó que emitirá declaraciones en los próximos días.
Por su parte, el alcalde de La Unión declinó ahondar en el tema y sólo señaló que «resulta curioso que un profesional del área jurídica haya firmado contratos de honorarios que seguramente él mismo redactó en su calidad de asesor jurídico de la ex alcaldesa Astudillo, y ahora los desconozca pretendiéndose un funcionario regido por el Código del Trabajo».
