El tema de la corrupción en Chile no es nuevo y para contextualizar abarcaremos el análisis desde el inicio de la década de los noventa, además de destacar diversos autores y estudios publicados por la revista chilena de administración pública de dichos años.

Ya durante el gobierno del Presidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle, los ojos estaban puestos en cómo abordar la problemática de la corrupción, presentado como un tema aislado y de poco interés público, creándose en este entonces, por ejemplo, la comisión nacional de ética pública, la cual posteriormente propuso cerca de 41 medidas transformadoras que iban desde la Constitución, el poder judicial hasta los partidos políticos entre otros.

Ahora bien ¿Qué es corrupción? Variados académicos, analistas y politólogos, además de administradores públicos la han definido. Por ejemplo Gian Franco Pasquino señalaba que corrupción «se le denominada al fenómeno por medio del cual un funcionario público es impulsado a actuar de modo distinto de los estándares normativos del sistema, para favorecer intereses particulares a cambio de una recompensa. Corrupto es aquel que desempeña un papel que ofrece una dádiva, voluntariamente para obtener un servicio o es presionado sutilmente por el corrupto para entregarla».

En su artículo del año 1994 una estrategia administrativa para combatir la corrupción del administrador público Patricio Orellana, se definen dos tipos de corrupción: una macro, la cual se puede identificar como aquella que por su magnitud implica un daño y un escándalo de proporciones, que es presentada en titulares de periódicos y que significa sumas de a los menos millones de pesos. Y una corrupción micro, que es identificada por el robo hormiga que permanentemente realizan los trabajadores del sector público y que se expresa en dos modalidades principales, una el cobro de sobornos por servicios realizados y la otra, la apropiación indebida de recursos, bienes y servicios del sector público, tales como fotocopias personales, uso de equipos para trabajos personales o usos de equipos para trabajos personales.

Ahora bien el mismo profesional diferencia un escándalo, de corrupción, a propósito de los titulares de prensa.

En este sentido me parece oportuno mencionar que en muchos aspectos los medios de comunicación nacional si bien son un gran aporte al combate contra la corrupción, juegan un rol irresponsable impulsado por la venta de un producto periodístico e incluso regulado por las preferencias en las redes sociales.

En este sentido muchos de los escándalos presentado por la prensa en general no son delitos, y hay que seguirlos hasta que los tribunales determinen lo contrario; Orellana señala “la información de prensa es noticia, esto significa que existe mientras interesa, lo escandaloso interesa, pero es imposible de mantenerlo permanentemente en primera página”.

Como señalaba anteriormente la corrupción no es nueva en Chile, en 1994 el mercurio publicaba un resumen de los casos de corrupción que afectaron desde la ONEMI, la oficina nacional de retorno, la refinería de Concón, hasta el servicio nacional de geología y minería en la X región, delitos que iban desde sobre facturas de compras para ayuda de damnificados, hasta cohecho.

Así mismo, como olvidar los escándalos de corrupción en el periodo del Presidente Lagos, terminando en acuerdos políticos y reformas significativas del Estado.

En este contexto hay que mencionar que el fenómeno de la corrupción no es un fenómeno aislado sólo de Chile y arraigado a un periodo determinado, sino que es un fenómeno global, que incluso existe en escalas pequeñas difíciles de combatir, la cual debe ser discutida responsablemente, eliminando el cinismo cultural que conciba que si hay corrupción, es una ingenuidad no ser corrupto, como bien señala Patricio Orellana, convirtiéndonos quienes creemos en una administración pública transparente, en actores claves para el combate de dicha enfermedad, llegando a acuerdos serios y operacionalizando las medidas y las buena intenciones, y dejando al descubierto a este testigo silencioso que tanto daño le hace a las instituciones y a la democracia.

Por Matías Velásquez Flores
Administrador Público
Concejal de La Unión