Matías Velásquez Flores
Egresado en Administración Pública.
Nuestro país, presenta una diversa historia en términos de participación, estando marcada por procesos políticos, sociales, culturales, importantes en la conformación de la vida democrática y de la República. Es de esta manera que en la era actual desde finales de los años ochenta encontramos procesos de participación que guardan relación con lo electoral y que ha servido como punto de comparación para las elecciones futuras como lo fue el plebiscito de 1988, o procesos sociales de gran importancia como el movimiento estudiantil que generó un cambio en la agenda pública del país el año 2006, entre otros movimientos que han puesto sobre la mesa temas de importancia y que a través de la participación han logrado posicionarlo en el debate nacional. Es en este sentido que el Estado, las instituciones y los ciudadanos tienen el derecho y deber de informarse para actuar de manera responsable ante la actividad pública.
Hay que destacar que el diagnóstico de la participación en Chile es claro, según el programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en su informe “auditoria para la democracia” deja entre dicho que Los bajos niveles de participación en Chile y la falta de espacios e instancias de involucramiento ciudadanos en los ámbitos públicos, no permiten participación plena en la vida pública, esto sumado al término de la educación cívica en el programa curricular de los colegios a fines de los años noventa, lo cual ha generado vacíos importantes para las nuevas generaciones.
Ante lo anterior, han sido numerosos los esfuerzos para instalar en la agenda pública la importancia de dictar la asignatura de educación cívica en los colegios y mejorar las estructuras dispuestas para la participación de los (as) ciudadanos (as), destacando la reciente firma de la Presidenta Michelle Bachelet, este año 2016, y que promulga la ley que introduce la formación cívica en todos los colegios del país, avance importante en términos de consolidar una estructura sólida que se preocupe de la formación desde la educación.
Pero la educación cívica no sólo se remite a la historia electoral de un país o una materia en particular, esta engloba una serie de actos, hechos y circunstancias de la actividad pública. Hay que mencionar que la participación ciudadana es entendida por el Gobierno de Chile como el involucramiento activo de los ciudadanos y las ciudadanas en aquellos procesos de toma de decisiones públicas que tienen repercusión en sus vidas, definición además que está plasmada en el programa presidencial, el cual señala “Aspiramos a un Estado moderno para Chile que promueva el fortalecimiento de la democracia y facilite el diálogo y la participación; un Estado que garantice el ejercicio de los derechos políticos, económicos, sociales y culturales de la ciudadanía y que impulse políticas públicas para disminuir las desigualdades, combatir los abusos y contribuir a una distribución del ingreso más igualitaria.”
Es propicio sumar a los datos anteriores, que actualmente el clima de desconfianza a las instituciones pone en evidencia un tema de gran preocupación para la institucionalidad y el Estado y sus sistemas de participación, no obstante pese a que la tendencia de participación electoral ha disminuido, ha aumentado en los últimos años la adhesión a movimientos sociales y acciones colectivas distintas a las consideradas formales o institucionales. El PNUD señala que el desinterés en participar en las elecciones no puede verse como un camino sin retorno ni aislado de otros procesos. Al contrario, a pesar de estas tendencias, el informe de Auditoria de la democracia ratifica lo anterior en términos de participación en las demandas por reformar el sistema educacional, la relación entre el Estado y el pueblo mapuche, conflictos por la instalación de proyectos medioambientales, demandas por el desarrollo integral de las regiones, entre otros temas. Estos movimientos dan cuenta de que el fenómeno de la participación no transita sobre un eje único; no es posible hablar sólo de apatía o desafección, sino que también es necesario referirse a las transformaciones en las esferas y las formas de participar en lo público, así como al claro alejamiento y cuestionamiento de las instituciones vinculadas al régimen político en particular.
En este sentido el Estado también ha avanzado en consagrar normativas tendientes a establecer formas y mecanismos de participación, la ley 20.500 de participación ciudadana en la gestión pública, la conformación de los consejos comunales de organizaciones de la sociedad civil y una serie de leyes y plataformas de participación, son resultado de la organización de la sociedad y el trabajo que realizan en términos de participación.
Finalmente es indispensable seguir fortaleciendo la institucionalidad existente en términos de mejorar la participación y generar fuentes de informaciones en donde ciudadanos puedan acceder sin restricciones para efectos de propiciar una participación cívica, informada y responsable en las decisiones de carácter clave para el país, finalmente la participación responsable siempre termina siendo beneficioso para el progreso de una comuna, región y país.
